Como
reacción al recurso de queja interpuesto por USO-Región de Murcia
contra la concesión de subvenciones nominativas a UGT, CCOO y la
Patronal, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha anunciado que
iniciará actuaciones de oficio ante las Consejerías de Economía y Empleo
del Gobierno Autónomo, a fin de conocer la fundamentación y objetivos
de las ayudas concedidas.
USO presentó, el pasado 28 de febrero un recurso de queja, en el que
instaba a la Defensora del Pueblo a presentar Recurso de
Inconstitucionalidad contra los incisos de la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Murcia, que establecen
subvenciones nominativas a los "agentes sociales".
Se trata de las subvenciones nominativas a CROEM, UGT y CCOO, para
"colaboración de trabajos de preparación y estudios de planificación
económica" dotadas con 60.000 euros a cada uno.
En la queja, USO-Murcia también se refería a las ayudas para
"actuaciones complementarias en materia de trabajo" por un importe a
cada uno de 116.184 euros, de la Consejería de Educación, Universidades y
Empleo.
Aunque dichas subvenciones, aunque han ido disminuyendo lentamente su
cuantía, lo cierto es que en el periodo de los 4 últimos presupuestos
(2011-2014), para los mismos fines, conceptos e interlocutores en
exclusiva suman 2.813.661€.
En su respuesta a USO, la Defensora del Pueblo, en primer lugar,
descarta hacer uso de su legitimación para la interposición de recurso
de inconstitucionalidad, basándolo textualmente en que “la prudencia y
neutralidad de esta Institución aconseja no hacer uso de la misma para
despejar las dudas de la Queja, al disponer de otras opciones menos
enérgicas jurídicamente para supervisar la actuación de los poderes
públicos de la Región de Murcia… en este sentido, se propone la
institución iniciar actuaciones de oficio ante las Consejerías de
Economía y Hacienda y de Educación, Universidades y Empleo a fin de
tener conocimiento de la fundamentación y objetivos perseguidos con las
subvenciones nominativas, tanto en el presente ejercicio presupuestario
como en los anteriores, y de sus resultados que se han derivado del
otorgamiento de las mismas, quedando abierta la posibilidad de sugerir
la modificación de los criterios empleados en futuros ejercicios
presupuestarios si se llegará a la conclusión que los empleados hasta la
fecha no se ajustan al principio de igualdad del Art. 14 y al de
libertad sindical del 28 de la Constitución”.
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