pREPREGUNTA SOBRE SI HA VALORADO EL
GOBIERNO LOS ENORMES COSTES SOCIALES Y ECONÓMICOS QUE REPRESENTARÁ PARA LOS
CIUDADANOS Y PARA LOS TERRITORIOS LA ELIMINACIÓN DE LOS JUZGADOS DE PAZ Y DE
LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, TAL Y COMO SE TIENE PREVISTO EN EL ANTEPROYECTO
DE LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL.
(Núm. exp. 680/000764)
AUTORA: EVA PARERA ESCRICHS (GPCIU)
El señor
PRESIDENTE: Pregunta de doña Eva Parera Escrichs. Tiene la palabra su señoría.
La señora
PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, presidente.
Señor
ministro, buenas tardes. El pasado 4 de abril el Gobierno aprobó el
Anteproyecto de ley del Poder Judicial. Tendremos tiempo de sobra para entrar a
valorarlo en profundidad, puesto que incluye muchísimas reformas. Pero una
cuestión que preocupa muchísimo a Convergència i Unió es la supresión de los
juzgados de primera instancia, de instrucción y de los jueces de paz que
trabajan en aquellos municipios sin partido judicial. Solo en Cataluña esta ley
supondrá suprimir 49 partidos judiciales que existen en la actualidad para
dejarlos en 4 tribunales de instancia y eliminar 898 juzgados de paz que
resuelven ‑atención a la cifra‑ medio millón de asuntos al año.
No sé si
son ustedes conscientes del enorme coste social y económico que ello va a
suponer. ¿Han tenido en cuenta que su propuesta va a conllevar que muchos
ciudadanos tengan que recorrer una media de 100 kilómetros para acceder a la
Justicia? La Generalitat le propuso en su día al Ministerio de Justicia la
creación de una comisión para valorar la mejor ubicación de los juzgados a raíz
de la Ley de demarcación y planta. A fecha de hoy no hay respuesta. Yo creo
que, al menos, el Ministerio de Justicia debería atender esta petición de la Conselleria
de Justícia, puesto que no debemos olvidar que Cataluña tiene competencias en
la materia, para decidir, tanto la creación de tribunales como su ubicación.
Muchísimas
gracias.
El señor
PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Parera.
Señor
ministro, tiene la palabra.
El señor
MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.
Empezando
por la última parte de su pregunta, señoría, he de decirle que tiene usted toda
la razón en teoría y ninguna en la práctica. Y le explico por qué.
Evidentemente, no se ha aprobado la Ley de demarcación y planta. Ni el Proyecto
de ley de demarcación y planta. Es más, en la propia Ley Orgánica del Poder
Judicial lo que se establece es que la demarcación y planta definitiva se hará
a propuesta, en este caso, de la Generalitat de Catalunya, por ser una comunidad
autónoma con competencias transferidas. Luego, por lo tanto, ha anticipado
usted algo que en modo alguno está en la dirección del ministerio.
Y en
relación con la primera parte de su pregunta ‑perdóneme que se lo diga con toda
rotundidad‑, está usted equivocada. Si se lee el proyecto verá que la Ley
Orgánica no suprime los juzgados de paz. De ninguna forma; los mantiene todos.
Lo que hace es profesionalizar la justicia y convierte a los juzgados de paz no
en órganos jurisdiccionales, lógicamente, porque la jurisdicción solo puede ser
ejercida por jueces profesionales, pero sí en órganos que en multitud de
actividades, desde comunicación hasta algunas vinculadas con el Registro Civil,
se van a mantener en todos y cada uno de los ayuntamientos.
Respecto a
los juzgados de primera instancia e instrucción, se lo digo con toda claridad,
señoría, no se va a cerrar un solo juzgado en España. Ni en Cataluña, ni en el
País Vasco, ni en Madrid, ni en Andalucía. Ni uno. Lo que hace el nuevo modelo
es crear los tribunales provinciales de instancia y en esos tribunales se
integran todos los órganos existentes. Se integran los órganos colegiados, que
están en la capital de provincia; los órganos unipersonales, que están en la
capital de provincia, y los órganos unipersonales, que están en distintas
poblaciones diferentes a la capital de provincia, que subsisten como tales, y
en algunas provincias de España incluso hay secciones colegiadas desplazadas
fuera de la capital de provincia. Todo se mantiene.
¿Cuál es la diferencia? Que se
introduce un criterio de flexibilidad y de profesionalidad, de especialización.
Le preocupaba a usted el ciudadano. El ciudadano no va a ver desaparecer su
juzgado. ¿Qué es lo que va a poder hacer el tribunal de instancia provincial?
Decidir qué número de jueces hay en cada momento en cada población en cada una
de las distintas unidades colegiadas o unipersonales, con lo que dejará de
estar sujeto al rígido sistema de traslados que en este momento establece el
régimen de partidos judiciales.
Resumiendo, subsisten todos y cada
uno de los tribunales y de los juzgados que hay en estos momentos en España.
Eso sí, funcionarán con flexibilidad. ¿Qué mejorará? La Administración de
Justicia. ¿Quién será el mayor beneficiado? El ciudadano.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor ministro.
Senadora Parera, tiene la palabra.
La señora PARERA ESCRICHS: Muchas
gracias, señor presidente.
Recojo el guante y entiendo que se
reunirá usted con la Conselleria de Justícia de la Generalitat para discutir
este tema.
Yo me quedo con lo que usted dice,
aunque sinceramente lo pongo en duda. Pongo en duda que no vayan a desaparecer
los jueces de paz y que no vaya a cerrarse ningún juzgado de instrucción,
porque esto no es lo que se desprende del anteproyecto de ley. Nosotros
entendemos que con este anteproyecto de ley se persigue un objetivo real que no
coincide con el que supuestamente se pretende. Se quiere reducir el número de
litigios imponiendo a los ciudadanos más obstáculos. ¿Quién va a decidir esa
flexibilidad? Es decir, ¿el juzgado de paz de mi municipio, Pallejà, va a
seguir estando o va a desaparecer? Va a desaparecer. Va a desaparecer y yo
tendré que ir a Barcelona si quiero poner una demanda.
El acceso a la justicia no tiene que
ser una declaración constitucional preciosa que se recoja en la Constitución
pero vacía de contenido, tiene que ser algo real y efectivo. Al final lo que
estamos viviendo en el ámbito de la justicia son incrementos de tasas,
supresión de juzgados ‑usted dice que no pero ya lo veremos‑, alejamiento del
ciudadano de la Administración de Justicia... Todo eso está dejando sin
contenido un derecho constitucional.
Lo que hace falta, de verdad, si
queremos agilizar la justicia en este país es disponer de más jueces ‑no de
menos, de más‑ y disponer de más medios materiales para poder resolver los
pleitos. La Comisión Europea nos ha dado un buen toque de atención. Ha hecho
una radiografía muy preocupante de la justicia española: estamos a la cola en
materia de inversión en justicia y en número de jueces; ya estamos a la cola en
número de jueces.
El señor PRESIDENTE: Vaya
terminando, señoría.
La señora PARERA ESCRICHS: Sí, señor
presidente, termino en un segundo.
Y estamos a la cabeza en número de
casos judiciales pendientes de sentencia. Estamos rebajando los costes que
invertimos, que pasan de 90 euros por ciudadano a 25. Eso sí, subimos las tasas
judiciales para que sea el ciudadano el que pague.
No creo que esta sea la solución.
Eliminar 7800 juzgados de paz...
El señor PRESIDENTE: Termine,
señoría.
La señora PARERA ESCRICHS: ...y 385
partidos judiciales no es la solución, al menos no lo es para el ciudadano,
señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
senadora Parera.
Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA
(Ruiz-Gallardón Jiménez): Muchas gracias, señor presidente.
Veo que traía usted una réplica
preparada para algo que pensaba que yo le iba a decir, pero no ha sido así. Por
cierto, no me deja de sorprender que me hable usted de las tasas judiciales el
mismo día en que el Tribunal Constitucional ha declarado constitucionales las
tasas judiciales puestas por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, que
soporta el partido de su señoría, Convergència i Unió. Solamente lo pongo sobre
la mesa.
Señoría, no confundamos las cosas,
por favor. Los juzgados de paz van a subsistir, absolutamente todos. Nosotros
en la reforma del Código Penal suprimimos las faltas, por lo tanto lo que no
habrá será jueces no profesionales, los jueces de paz, pero el juzgado como
órgano de colaboración de la Administración de Justicia subsistirá.
Y por último, señor presidente, no
tenga ninguna duda, que no va a desaparecer en España ningún juzgado,
absolutamente ninguno. Usted dice: ¿quién va a decidir quién está en cada
juzgado? Pues lógicamente los órganos de Gobierno de la justicia. Ahí usted y
yo, que somos Poder Ejecutivo, nada tenemos que ver.
El señor PRESIDENTE: Vaya
terminando, señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA
(Ruiz-Gallardón Jiménez): Pero tenga por seguro, señoría, que la justicia en
España va a ser más flexible y más moderna y que de verdad vamos a superar
muchos lastres del siglo XIX para entrar en una justicia del siglo XXI.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor ministro.
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