ANDALUCÍA.- La Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera (FEP-USO) en Andalucía entiende
que la consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María
Jesús Montero, falta al respeto a los funcionarios y empleados públicos
cuando deja, ahora, en manos del Gobierno central la posibilidad de que
el ejecutivo autonómico retribuya íntegramente las pagas extras de
junio y diciembre de 2014.
Según Montero, si el Ministerio de Hacienda modifica el objetivo de
déficit para este año del 1 al 1,3%, con unos 420 millones de euros, que
le corresponderían a Andalucía del conjunto de las comunidades, se
podría restituir el pago de los complementos autonómicos de las pagas
extras.
A estas alturas, después de tener conocimiento diario a través de los
medios de comunicación, la Policía, la Justicia o la Cámara de Cuentas
de los miles de millones del presupuesto público que, presuntamente, se
han extraviado en EREs fraudulentos, cursos de formación falsos o
inversiones en empresas irreales, que la consejera de la Administración
Pública andaluza se marque este farol es indignante para el colectivo al
que intenta chantajear con una estrategia mil veces repetida en
convocatorias electorales anteriores.
De nuevo, la Junta de Andalucía intenta utilizar a su personal en clave
electoralista y recurre a la demagogia política para intentar obtener
votos de un colectivo al que ha maltratado reiteradamente en los últimos
cinco años. Mientras, ha mantenido los privilegios del colectivo de
altos cargos, tanto de la Administración oficial como paralela, que ha
seguido engordando a pesar de la crisis económica.
Andalucía fue la única Comunidad autónoma que recogió en sus
presupuestos de 2014, por segundo año consecutivo, un nuevo recorte a
las pagas extras de su personal administrativo, al igual que hizo en
2013, y después del impago de la extra íntegra de diciembre de 2012, que
sí afectó al conjunto de empleados públicos españoles.Llovía sobre mojado. En el año 2010, el gobierno de Rodríguez Zapatero
inauguró una etapa de austeridad que, mantenida por el ejecutivo de
Rajoy, ha derivado en una pérdida de poder adquisitivo superior al 30 %
en la Administración andaluza. Porque a las imposiciones estatales,
los funcionarios y empleados públicos andaluces suman el expolio
sobrevenido por los recortes adicionales impuestos por su gobierno
autónomo, muy por encima de los establecidos en otras comunidades.
Había que castigar al funcionariado andaluz por insurrecto y, en 2012,
el plan de ajuste económico-financiero sirvió como excusa para
perpetrar un segundo atraco a sus derechos laborales y sociales. Así
consolidaba el menosprecio generalizado al colectivo que supuso la Ley
de reordenación del sector público aprobada en 2011.
La usurpación de funciones, la externalización de servicios, la escasa o
nula oferta pública de empleo, la no cobertura de vacantes, los
despidos improcedentes, la reducción del tiempo de contratación, la
falta de inversiones en personal e infraestructuras, la erradicación de
las ayudas de acción social y la paralización de concursos son sólo
algunas de las agresiones sufridas en los últimos años.
Datos contra la demagogia
Más de 16.000 puestos de trabajo se han perdido en este periodo en el
sector público andaluz, mayoritariamente en los ámbitos sanitario,
educativo, social y en la Administración de Justicia. Entre tanto, no
deja de ampliarse la relación de cargos directivos, dentro de la Función
Pública y fuera, en el ‘’entramado paralelo’’, donde disfrutan de
sueldos desorbitados y prebendas inalcanzables para la plantilla de
funcionarios y empleados públicos mileuristas, mucho menos para el
millón de andaluces que sobrevive con 400 euros mensuales.
Más de 3.000 puestos de libre designación mantiene en nómina la
Administración andaluza, que ha duplicado en los años de crisis la
productividad de sus directivos. Más de 500 entramados semipúblicos, la
mayoría perfectamente prescindibles por ineficaces, -y cuyas cúpulas
ocupan exaltos cargos y un extenso plantel de allegados al tripartito
sindicopatronal-, mantiene el mermado presupuesto público andaluz.
Ante todo ello, FEP-USO Andalucía lamenta que la excusa
de los recortes del gobierno central continúen siendo el argumento
persistente, en un gobierno que se llama de izquierdas, para suspender
de cuajo derechos laborales y prestaciones sociales, no sólo de los
empleados públicos, sino de la población en general. Porque las
políticas de austeridad han lesionado gravemente los pilares del estado
del bienestar. La educación, la sanidad y los servicios sociales son los sectores más debilitados por una estrategia de salida a la crisis que constituye en la práctica una gran estafa para la mayoría social, cada vez más empobrecida.
Contra el derroche y el oportunismo
Respecto a las declaraciones del vicepresidente y consejero de
Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas (IU),
que ha discrepado de la consejera Montero alegando que, antes de dar
respuesta al sacrificio realizado por los funcionarios, hay que dar
respuesta al que están haciendo miles de familias en paro, FEP-USO Andalucía propone
que el representante de IU en el cogobierno, en lugar de intentar
enfrentar a los trabajadores se aplique su propia receta y proponga una
rebaja de los emolumentos de los todos políticos y altos cargos de la
Administración andaluza y sus anexos. Podría empezar por plantear en el
próximo consejo del co-gobierno acabar con el derroche que mantienen en
partidas absolutamente prescindibles para el conjunto de la ciudadanía.
Por último, en relación a los sindicatos que se jactan de haber conseguido lo que califican como un éxito, USO lamenta
que se presten a ser “voceros” y brazo ejecutor de la consejera del
ramo en su estrategia demagógica y de falta de respeto a los
trabajadores.
Y reclama, finalmente, de todos los empleados públicos de la
Administración andaluza que tomen nota de las organizaciones sindicales
que intentan utilizarlos, también en clave electoral.
La Unión Sindical Obrera, enarbolando sus valores
tradicionales de autonomía, honradez y transparencia, continuará
trabajando en la defensa de los derechos de los empleados de la Función
Pública desde la dignidad que merecen, perfectamente compatibles con los
derechos de todo el colectivo de trabajadores de Andalucía.
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