Transcurridos ya muchos años de la Constitución Española, el marco
legal sindical no se ajusta plenamente a los principios, valores y
espíritu de respeto de la libertad sindical como una de las Libertades
fundamentales.
El marco legal sindical español fue el resultado de un Acuerdo
Político a favor del bisindicalismo, que se materializó a través del
Estatuto de los Trabajadores (Título II, Capítulo I del Derecho de
Representación Colectiva), la Ley Orgánica de Libertad Sindical
(L.O.L.S. de 1985) y el Real Decreto 1844/1994 que regula las elecciones
sindicales, marco legal que hoy es imprescindible modificar para la
regeneración sindical impulsando mayor pluralidad, independencia, y
autofinanciación de los sindicatos a través de los recursos económicos
aportados por su afiliación.
La USO considera necesario una reforma de las leyes electorales que
democratice la legislación electoral, política y sindical con el
objetivo de hacerla más representativa y proporcional, que no discrimine
y que favorezca equiparar el valor de los votos independientemente de
su procedencia.
El modelo sindical vigente, que hay que regenerar, reconoce a los
Sindicatos CCOO y UGT y a los sindicatos cuyo ámbito de actuación es una
Comunidad Autónoma (ELA, CIG, LAB) el privilegio de actuación sindical y
participación institucional en toda España, a la vez que discrimina a
sindicatos de ámbito estatal como la USO, con una mayor implantación que
muchos de ellos, haciendo que se vean privados del reconocimiento de
“sindicato más representativo” y de las prerrogativas derivadas de la
citada condición.
Por ello, la USO emprende esta Campaña por la Regeneración
Democrática del marco sindical en España, solicitando a los partidos
políticos y al resto de organizaciones sindicales que hagamos de la
transparencia un valor propio de gestión. Que por encima de los
intereses particulares de las organizaciones que representamos, deben
estar los intereses generales de los ciudadanos que decimos representar.
A ellos nos debemos y ante ellos debemos responder. Por eso, desde la
USO proponemos que:
Ante la actual situación de crisis económica en la que estamos
inmersos, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y
empresariales gestionemos los recursos públicos bajo criterios de
austeridad en el gasto y de autofinanciación. Ello conllevaría la
definición de un nuevo modelo de financiación basado en estos
principios.
Urgir un cambio de la actual normativa electoral tanto en el ámbito
político como sindical, tendente a que los resultados de los procesos
electorales y el cómputo de los mismos permita una mayor participación
de las organizaciones que hoy se consideran minoritarias y que
acreditan, en muchos casos, una audiencia electoral mayor que otras que
circunscriben su ámbito de actuación a un determinado ámbito
territorial. Esta modificación conllevaría fijar como mínimo de
referencia la obtención del mismo porcentaje de audiencia electoral
para las organizaciones sindicales y políticas.
Los procesos electorales en el ámbito sindical deben facilitar su
objetivo, que es la existencia de representación legal de los
trabajadores y trabajadoras en la empresa. Por ello, es imprescindible
eliminar la actual discriminación existente en la promoción de las
elecciones sindicales. Toda organización sindical debe tener plena
capacidad para promover elecciones sindicales y participar en ellas. No
se puede limitar este derecho, como sucede actualmente, a unos en
beneficio de otros. En una verdadera democracia, todos tienen los mismos
derechos.
La USO considera que es el momento oportuno para desarrollar esta
Campaña de difusión de nuestros análisis y propuestas, centrando la
misma sobre cuatro objetivos básicos y prioritarios:
- Implantación de la igualdad de oportunidades y tratamiento sobre el respeto de la proporcionalidad de representación sindical.
- Cambio de la Ley Electoral Sindical con reconocimiento de la legitimidad de todos los sindicatos para la promoción electoral.
- Cambio de la LOLS para adquirir la condición de sindicato “más representativo”, aplicando el mismo porcentaje de representación requerido a la representación política en cada ámbito territorial.
- Necesidad de una Ley que regule la financiación de los sindicatos sobre la base de transparencia, publicidad y proporcionalidad a la representatividad electoral e implantación.
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