PLATAFORMA JUSTICIA
PARA TODOS
Reunidas en la sede del Consejo General
de la Abogacía Española (CGAE) las diversas Entidades que la componen, y tras
un breve informe sobre los encuentros mantenidos con las Asociaciones de
Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales en las que se constata el firme apoyo
a los planteamiento que hace esta Plataforma y “cuya finalidad es defender con
todos los medios democráticos a su alcance, los bienes y servicios básicos, el
Estado de bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía, así como
poner de manifiesto el rechazo a todas las reformas que tengan una incidencia
negativa en el derecho de defensa de todas las personas, recortando el acceso a
la justicia restringiendo los derechos y libertades de los ciudadanos, y haciendo retroceder el Estado de Derecho”.
Ante la nueva situación que
supone el nombramiento de un nuevo Ministro de Justicia y a petición de CGAE y
de USO, se ha acordado remitirle un documento en el que se le priorizará las
Leyes de las 17 en trámite y otras efectivas, que han de ser retiradas unas y
negociadas otras, por su nefasta incidencia en la ciudadanía (Ley de Tasas,
Agilización de los Procedimientos, Registros Civiles…). A la vez que se le pide
audiencia.
Desde
USO y en concreto desde el Sector de Justicia representado por el Secretario General de SPJ-USO, se ha hecho especial
hincapié: “En cuanto al personal
al servicio de la
Administración de Justicia, debe
suprimirse cualquier imposición
de movilidad, tanto funcional
como geográfica; mantenerse los actuales Centros de
Destino, y exigir los mismos derechos para todos los
Cuerpos al servicio
de la Administración de Justicia,
recuperarse todos los derechos laborales y retributivos
eliminados durante estos años. Con relación a la decisión del Gobierno sobre los Registros Civiles,
El Registro Civil debe continuar siendo un servicio público y
atendido por el personal de la Administración de
Justicia. La decisión del Ministerio
de Justicia de que va a gestionarse
por los registradores mercantiles tiene también
la absoluta disconformidad de los
propios registradores. La anunciada supresión
de los Juzgados de Paz unida al intento de privatización de este fundamental servicio público, provocará
para la ciudadanía una pérdida de
derechos y el alejamiento de un
servicio de proximidad especialmente
valorado por la población, de manera
aún más especial para los cientos de miles
de personas que viven alejadas de los
grandes núcleos urbanos. Debe garantizarse el
mantenimiento de una Administración
de Justicia, como Servicio Público primordial, de proximidad y cercanía al ciudadano.
Os
mantendremos informados.
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