jueves, 2 de octubre de 2014

PLATAFORMA JUSTICIA PARA TODOS

PLATAFORMA  JUSTICIA  PARA  TODOS

         Reunidas en la sede del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) las diversas Entidades que la componen, y tras un breve informe sobre los encuentros mantenidos con las Asociaciones de Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales en las que se constata el firme apoyo a los planteamiento que hace esta Plataforma y “cuya finalidad es defender con todos los medios democráticos a su alcance, los bienes y servicios básicos, el Estado de bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía, así como poner de manifiesto el rechazo a todas las reformas que tengan una incidencia negativa en el derecho de defensa de todas las personas, recortando el acceso a la justicia restringiendo los derechos y libertades de los ciudadanos,  y haciendo retroceder el Estado de Derecho”.

         Ante la nueva situación que supone el nombramiento de un nuevo Ministro de Justicia y a petición de CGAE y de USO, se ha acordado remitirle un documento en el que se le priorizará las Leyes de las 17 en trámite y otras efectivas, que han de ser retiradas unas y negociadas otras, por su nefasta incidencia en la ciudadanía (Ley de Tasas, Agilización de los Procedimientos, Registros Civiles…). A la vez que se le pide audiencia.

                  Desde USO y en concreto desde el Sector de Justicia representado por el            Secretario            General de SPJ-USO, se ha hecho especial hincapié:  “En cuanto al            personal al servicio de            la Administración de Justicia, debe suprimirse          cualquier imposición de movilidad, tanto          funcional como geográfica; mantenerse          los          actuales Centros de          Destino, y exigir los          mismos derechos para todos los Cuerpos          al          servicio de la          Administración de Justicia, recuperarse todos los derechos laborales y          retributivos          eliminados durante estos años. Con relación a la decisión del            Gobierno sobre los Registros Civiles,  El Registro Civil debe continuar siendo un          servicio público y atendido          por el personal de la Administración de Justicia. La decisión del          Ministerio de Justicia de     que va a gestionarse por los registradores mercantiles tiene          también la absoluta          disconformidad de los propios registradores. La anunciada            supresión de los Juzgados de Paz unida al intento de privatización de este          fundamental servicio público, provocará          para la ciudadanía una pérdida de derechos y el          alejamiento de un servicio de proximidad          especialmente valorado por la población, de          manera aún más especial para los cientos de          miles de personas que viven alejadas de          los grandes núcleos urbanos. Debe garantizarse el mantenimiento de una          Administración de Justicia, como Servicio Público primordial, de proximidad y          cercanía al ciudadano.


         Os mantendremos informados.

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