Los presidentes de los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia han
reivindicado la Justicia como “factor clave para la regeneración de la
democracia y del sistema de convivencia”.
En una declaración aprobada al término de la reunión que bajo el título de
“La nueva organización judicial” han mantenido esta semana en A
Coruña, los presidentes de los TSJ consideran que “la reforma integral de la
Administración de Justicia constituye una medida imprescindible para contribuir
a alcanzar esa regeneración”.
Esa reforma, añaden, debe basarse en una nueva planta y demarcación
judicial “más racional y eficiente” y en otro modelo procesal penal,
“que dé respuesta satisfactoria a las nuevas formas de delincuencia que están
socavando las instituciones democráticas y la confianza ciudadana en ellas”.
Tras poner de manifiesto que los jueces siguen trabajando “en un contexto de
leyes inadecuadas y de graves deficiencias organizativas”, los presidentes de
los TSJ reclaman a los representantes políticos un gran pacto por la Justicia y
actuar legislativamente respecto de determinadas áreas organizativas y de
agilización procesal concretas, en la confianza de que “mejorar la Justicia hoy
es posible”.
Erradicar los retrasos
Entre las propuestas de medidas organizativas acordadas en la reunión de A
Coruña figuran la adopción de medidas legislativas que impulsen y
agilicen los procesos complejos –principalmente de corrupción-, así
como la dotación de medios personales y materiales que permitan que las
instrucciones penales ganen en agilidad sin detrimento de las garantías de
víctimas y acusados.
“Las instrucciones penales deben sujetarse a plazos razonables para evitar el
riesgo de que se conviertan en un fin en sí mismas”, señala el documento de
conclusiones, que considera imprescindible mejorar la gestión de las medidas de
refuerzo en órganos judiciales sobrecargados o mal dimensionados, así como
acompañar con funcionarios de refuerzo las medidas de apoyo de órganos
judiciales que se ponen en marcha.
Otras medidas dirigidas a erradicar los retrasos en la Administración de
Justicia son la extracción de los Juzgados de los procedimientos penales
sin autor conocido –se propone una reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para que en estos casos el atestado se remita solo al fiscal-, la
despenalización de las pequeñas infracciones o faltas e impulsar soluciones como
la mediación.
Una organización judicial flexible y eficaz
En cuanto a la planta y demarcación judicial, los presidentes de los TSJ
estiman necesaria una reforma legal inmediata “que posibilite que los actuales
partidos judiciales superen definitivamente el actual esquema de
Juzgados numerados y separados, lo que impide y dificulta enormemente
compartir recursos e información”.
También abogan por ampliar la competencia territorial de los actuales
juzgados exclusivos de violencia contra la mujer a fin de mejorar la respuesta
ante esta lacra social, dotándolos de todos los recursos y medios necesarios
para el ejercicio de su función.
Otra de las propuestas aprobadas es la de establecer mecanismos que permitan
corregir desequilibrios en las cargas de trabajo de órganos judiciales de igual
clase, como la aprobación de normas de reparto de ciertos asuntos entre órganos
judiciales de distinta competencia territorial.
Las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia
Los presidentes de los TSJ consideran que, veinticinco años después de su
creación, sigue habiendo deficiencias regulatorias sobre las funciones y
competencias de éstos, y proponen entre otras reformas legislativas las
siguientes:
- Clarificación de la posición de los TSJ ante la necesaria
generalización de la doble instancia en el orden penal.
- Reforma urgente y en profundidad del aforamiento
procesal ante la Sala Civil y Penal de los TSJ, reduciendo al máximo el
número de aforados y limitando esta figura a los delitos cometidos en el
ejercicio de la función y durante el ejercicio del cargo.
- Impulso de la plenitud en el enjuiciamiento por las Salas de los TSJ de los
recursos de naturaleza extraordinaria en el ámbito de las jurisdicciones
contencioso-administrativa, social y civil.
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