Convocará una mesa sectorial con las comunidades
autónomas y otra sindical con los representantes de los trabajadores.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha
apostado por el diálogo y el consenso con sindicatos, comunidades autónomas,
grupos parlamentarios y todos los operadores jurídicos para abordar todas las
reformas que necesita la Administración de Justicia "para servir a los
ciudadanos", según un comunicado del Ministerio de Justicia.
Por eso, ha anunciado la convocatoria de
una mesa sindical, una conferencia sectorial con las comunidades autónomas y
reuniones con los grupos parlamentarios para que se haga efectiva la voluntad
de diálogo a la que apela.
En la comisión de Justicia del Congreso de
los Diputados, en la que ha comparecido a petición propia, el ministro desgranó
los principales proyectos a los que hará frente el Ministerio que encabeza en
los próximos meses.
Organización judicial
Durante su intervención, el ministro se ha
mostrado partidario de mantener la estructura actual del modelo judicial en lo
relativo a demarcación y, en concreto, "a los partidos judiciales como
elementos que permiten prestar un servicio público de Justicia".
Eso no quiere decir que no se vayan a
introducir las mejoras que sean necesarias para que la distribución territorial
judicial funcione de un modo más eficaz en cuanto al tiempo de respuesta al
ciudadano. Para ello se estudiará cómo racionalizar el reparto de las cargas de
trabajo a través de las salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de
Justicia y los jueces decanos en coordinación con el CGPJ.
Carrera judicial y fiscal
Catalá ha hecho hincapié en que el régimen
de sustituciones de los jueces también se extenderá a los secretarios
judiciales.
A esa profesionalización contribuirá la
creación de 282 unidades jurisdiccionales con las que se resolverá la
disfunción que se producía con el hecho de que desde 2011 la planta judicial
permanecía inalterada y al mismo tiempo seguían convocándose oposiciones. Ello
suponía que hubiera 445 jueces a la expectativa de destino y sólo 169 vacantes
que podían serles ofrecidas.
Algo similar ocurría con los fiscales, por
lo que se crearán 46 plazas. Además, este mismo mes se celebrará una oposición
para 50 futuros fiscales, cuya incorporación se producirá el próximo año.
En cuanto a los funcionarios y
profesionales al servicio de la Administración de Justicia, el ministro les ha
garantizado la promoción interna y "un modelo más flexible de selección y
formación en los funcionarios de carrera de nuevo ingreso".
Registro Civil
Durante su intervención, Catalá ha
recordado que los registradores son el cuerpo designado para la gestión del
Registro Civil, pero ha anunciado que revisará el proyecto inicialmente
concebido desde un principio de diálogo con los colegios profesionales en los
que estos operadores jurídicos se integran, sin necesidad de crear una
corporación para articular este proceso.
Por ello se comprometió a constituir una
comisión mixta integrada por el Ministerio de Justicia y el Colegio de
Registradores que estudiará cómo diseñar un sistema que haga posible la máxima
mejora del servicio con los recursos existentes y garantizando la gratuidad de
los servicios que requieran los ciudadanos, así como la titularidad estatal de
los datos registrales y su máxima protección.
Lucha contra la corrupción
Ha asegurado que "es política del
Gobierno no escatimar medios en la lucha contra la corrupción" y por ello
el Ministerio de Justicia ha atendido el 100% de las solicitudes de refuerzo de
órganos jurisdiccionales, con un coste de 10,4 millones de euros. En
definitiva, se han aprobado el 100% de las medidas de refuerzo solicitadas por
el Consejo General del Poder Judicial en el orden penal y la Audiencia Nacional
y por la Fiscalía.
No obstante, ha admitido que "la
ciudadanía se siente defraudada ante la existencia de macroprocesos que se
alargan años sin que parezca llegar nunca el día de que un juez dicte sentencia
y que, cuando ese día termina llegando, puede sentirse tentada de pensar que
una justicia tardía es menos justicia". Para evitarlo ha anunciado que se
reformará "el procedimiento penal para que la instrucción de los asuntos
complejos siga su curso sin necesidad de una concatenación sucesiva de piezas,
de manera que los imputados puedan comparecer ante un tribunal en unos plazos
razonables".
Delitos de conducción con embriaguez
Otra reforma prevista se producirá en los
procedimientos para enjuiciar los delitos de conducción en estado de embriaguez
que, según la memoria de la Fiscalía General del Estado, suponen un 50% de las
sentencias condenatorias dictadas en España. Consistirá en que en los supuestos
en que la pena se ciña a multas y privación del permiso de conducción se pueda
evitar el consiguiente juicio, siempre y cuando el imputado acepte la propuesta
de acusación que el fiscal le enviará por correo.
Con ello se aliviará la carga de trabajo
de jueces, fiscales, secretarios judiciales y funcionarios que podrán dedicar
sus esfuerzos a la persecución de otros delitos.
Presupuestos
Catalá ha recordado que por primera vez en
esta legislatura los presupuestos, con todos los programas y organismos
adscritos al Ministerio de Justicia, experimentan un incremento respecto al
ejercicio anterior (1.599,49 millones de euros). Ello supone un aumento del
1,3% con el que se reforzarán partidas tan importantes como la de justicia
gratuita, la lucha contra la violencia de género y la asistencia a las
víctimas.
El capítulo que más incremento experimenta
es el de inversiones que contará con 16 millones más hasta situarse en 77,5
millones, de los que más de 59 se destinarán a la modernización tecnológica de
la Administración de Justicia y los 18 restantes al Plan de Infraestructuras y Equipamientos.
El ministro ha anunciado que tras el
análisis y estudio de los datos relativos a los ingresos generados por las
tasas, así como a conocer la repercusión real que han tenido en ciudadanos y
empresas se sentará con "todos los operadores jurídicos y con los grupos
parlamentarios para escuchar sus puntos de vista y así analizar si procede una
mejora de la aplicación de la ley". Ha justificado la necesidad de este
análisis en que según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial
donde más ha caído la litigiosidad ha sido precisamente en las jurisdicciones
en las que no hay tasas (Penal y Social) frente a las de Civil y de lo
Contencioso.
En cuanto a la justicia gratuita, ha
apuntado a que en las comunidades competencia del Ministerio su presupuesto se
ha incrementado un 2,3% respecto a los dos años anteriores hasta alcanzar los
34,9 millones de euros. La financiación del mayor número de beneficiarios de
justicia gratuita se abordará directamente en los presupuestos para que
mediante convenios con las comunidades autónomas se garantice la prestación del
servicio.
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