Los sindicatos alertan de registros civiles "menos gratuitos" con la privatización de Gallardón.
Advierten que dejar "en manos privadas" la gestión de estos órganos supone "una pérdida de garantía para el ciudadano".
El registro civil se convertirá, según los sindicatos, en un servicio
"menos público y menos gratuito, por mucho que diga el ministro".
Estiman que se perderán unos 300 puestos de trabajo de funcionarios interinos.
Ruiz-Gallardon ha anunciado que los registradores mercantiles asumirán
su gestión aunque el Colegio Oficial rechaza este movimiento.
El anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que
los registradores mercantiles asumirán la gestión de los registros
civiles no ha sentado bien entre los sindicatos. Mientras aún está por ver si
éstos se hacen cargo realmente de la gestión, CCOO, CSIF o SPJ-USO
consideran que los ciudadanos "terminarán pagando" por realizar algunos
de los trámites que ahora son totalmente gratuitos. Además, entienden
que el hecho de que la gestión quede "en manos privadas" supone "una
pérdida de garantía" para el usuario.
El secretario general de organización de SPJ-USO en Andalucía,
Adriano Moreno, alarma asimismo de la "pérdida de la confidencialidad"
de datos "sensibles" de los ciudadanos en los registros. "A nadie se le
ocurriría que las bases de datos de la Policía o de la Guardia Civil las
gestionaran manos privadas", ejemplifica sobre "los primos hermanos de
los notarios", según denomina a los registradores que podrían hacerse
cargo de los registros.
"Allí te cobran hasta por darte la hora; algunas cosas seguirán
siendo gratis pero irán metiendo tarifas", señala Moreno, quien lamenta
que el Ministerio "se cargue un servicio público esencial para
beneficiar a unos colectivos en concreto que además parecen no estar de
acuerdo". Ruiz-Gallardón "tiene la 'virtud' de cabrear a todo el mundo",
comenta el representante sindical, quien apunta también "pérdida de
empleo" entre los funcionarios y "reordenación de cientos de puestos" en
Andalucía.
Los sindicatos hablan de un "efecto dominó" y de consecuencias "en cadena" tras la decisión del Ministerio que, por mucho que fuera esperada,
prevén que tenga efectos "perversos" para el ciudadano. Temen con
cierta certeza que trámites obligatorios gratuitos empiecen a costar
dinero. "De alguna manera, lo va a pagar el ciudadano", señala Francisco
Rueda, presidente del sector de Justicia de CSIF-A, que incide
igualmente en otros "inconvenientes" como que los registradores "no
tendrán la obligación de guardar silencio, como tienen los funcionarios"
en el acceso a "la mayor base de datos de España que son los registros
civiles".
"Un servicio menos público y menos gratuito" ante una "privatización
innecesaria" y después de "una inversión de 180 millones" en la
informatización que "le vamos a regalar a los registradores". El cambio
en la gestión es también "el primer paso para la desaparición de los juzgados de paz".
Añade que los registradores, además, "no tendrían por qué contratar a
trabajadores laborales o interinos" y que la medida "afectará" de una
forma u otra a los aproximadamente 700 trabajadores de los registros
civiles en Andalucía (con un 30% de interinidad, aproximadamente), sin
contar las poblaciones de menos de 7.000 habitantes donde son
funcionarios municipales los que asumen la gestión.
La consecuencia a nivel laboral se traducirá, en concreto, en la
pérdida de unos 250 puestos de funcionarios de Justicia interinos, que
perderían su plaza en favor de funcionarios con plaza que ocuparían su
puesto. En este sentido, José María Vico, responsable del sector de
Justicia de la FSC de CCOO-A, denuncia también las "consecuencias
personales" y de movilidad que tendrá la reordenación de puestos de
trabajo. Vico alerta igualmente de las "consecuencias" que tendrá para
el ciudadano el hecho de que estos órganos los lleven los registradores,
que "son funcionarios públicos pero gestionan un negocio privado".
diario.es
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