CASO DE LOS ERE
Alaya imputa al secretario de Fiteqa de CCOO José Luis Montesinos y a otras 14 personas más en la causa de los ERE
La juez ordena la detención del administrador de Gestifesa, empresa que
gestionaba subvenciones y en la que llegó a trabajar el ex director de
Trabajo Francisco Javier Guerrero.
JORGE MUÑOZ, SEVILLA | ACTUALIZADO 21.04.2014 - 16:57 ELDIADECORDOBA.
Alaya imputa al secretario de Fiteqa de CCOO José Luis Montesinos y a otras 14 personas más en la causa de los ERE
La juez ordena la detención del administrador de Gestifesa, empresa que
gestionaba subvenciones y en la que llegó a trabajar el ex director de
Trabajo Francisco Javier Guerrero
La juez Mercedes Alaya ha imputado en la causa de los ERE al secretario
general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines
(Fiteqa) de CCOO, José Luis Montesinos Moreno, y a otras 14 personas,
entre ellas cinco nuevos intrusos detectados por la Guardia Civil en uno
de los últimos atestados remitidos al juzgados.
En un nuevo auto, Alaya ha acordado la imputación de José Luis
Montesinos Moreno porque sería “responsable de la inclusión” en las
pólizas de algunos de los miembros de este sindicato y cita como ejemplo
el caso de Rosario Esteban Ruiz, viuda de José Manuel Cuesta Sánchez,
vinculado a Fiteqa-CCOO, quien se beneficiaría de una póliza suscrita
con Fortia Vida en la que el tomador y responsable del pago sería
Vitalia.
La inclusión de estas personas vinculadas a los sindicatos se
produciría, según explica la juez, porque las organizaciones sindicales
se convirtieron para Vitalia en una “importante fuente de información
sobre empresas en crisis que pudieran estar interesadas en procesos de
reestructuración de plantilla y a cambio recibirían dinero de esta
consultora, bajo la justificación de ‘toma de datos de los trabajadores’
o incluso ‘cálculos (actuariales) de contraste’”. La magistrada señala
que de las diligencias policiales presentadas por la Guardia Civil y
particularmente de la documentación recogida por la Policía Autonómica
de Cataluña, “se desprende que se formalizaron pólizas a miembros de los
sindicatos en las que figuraba como tomador la propia mediadora
Vitalia, quien asumiría el pago de las primas como contraprestación a la
ayuda e influencia de los sindicatos en la elección de la consultora
para actuar en los procesos de reestructuración laboral”.
Además de estas nuevas 15 imputaciones, la instructora ha ordenador la
detención y presentación en su juzgado del administrador único de
Gestifesa, José Ángel Martín Moreno, una empresa en la que llegó a
trabajar el que fuera director general de Trabajo y uno de los
principales imputados en la causa Francisco Javier Guerrero.
Alaya precisa que el objeto social de Gestifesa sería la “gestión de
subvenciones” y añade que la empresa recibiría “procedentes de los
fondos públicos andaluces y por influencia de Francisco Javier Guerrero,
cantidades por prestación de servicios consistentes en planes de
vialidad de las empresas Refractarios y Derivados, Azahara Textil –del
que no hay constancia- e Hitemasa, cuando los mismos debían haber sido
satisfechos” por estas empresas, a menos que la Administración Pública
hubiera suscrito el oportuno contrato de servicio, precisa Alaya.
Entre los 15 nuevos imputados también figura Manuel Morales Larrubia,
actual secretario general de la Federación Provincial de Jaén de Metal,
Construcción y Afines (MCA-UGT), vecino de La Carolina, que fue incluido
a instancias del director de Vitalia Antonio Albarracín en las pólizas
derivadas de las ayudas concedidas a las empresas Gres Vilches para la
que no había trabajado.
Otro de los nuevos imputados es Francisco Moyano Toro, gerente
provincial en Córdoba de la Federación de Cooperativas de Trabajo
Faecta, empresa que, recoge Alaya, “presuntamente sería beneficiaria de
una subvención de 120.202 euros sin mediar solicitud alguna”, en virtud
del convenio suscrito el 18 de julio de 2001, al día siguiente del
convenio marco que durante años reguló las ayudas, para “ejecutar un
plan de viabilidad inexistente, justificando inadecuada y falsariamente
la aplicación dada a la cantidad recibida”, en relación al plan de
viabilidad para los ex trabajadores de Azahara Textil de Córdoba para la
reinserción de 39 trabajadores al sector de la automoción. Dice la
magistrada que al final se impartió a los ex trabajadores cursos de
prevención de riesgos laborales y gestión de empresas cooperativas, al
tiempo que se facturó por el alquiler de locales cuando los cursos
fueron impartidos en dependencias del Ayuntamiento de Córdoba cedidas
gratuitamente; y además aunque la duración de los cursos fue de tres
meses, el alquiler y las nóminas se correspondieron con seis
mensualidades, unas irregularidades que fueron detectadas por la propia
Junta de Andalucía pero a pesar de ello el 15 de febrero de 2013 el
consejero de Economía “declara la no procedencia de nulidad del convenio
de colaboración, al considerar que Faecta no fue auténtica beneficiaria
de la ayuda, por lo que acuerda no exigir el reintegro de la subvención
concedida”.
Alaya ha pedido igualmente a la Guardia Civil que requiera a Faecta para
que entregue el organigrama de la sociedad “a nivel regional”.
La juez ha citado a declarar para las próximas semanas a algunos de los
nuevos imputados, como José Luis Montesino, que ha sido citado el
próximo viernes.
De otro lado y tras recibir el informe sobre las ayudas concedidas a los
empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo y José
María Sayago, la juez les ha citado a declarar para el próximo 29 de
abril.
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