·
La reorganización de los tribunales a través de la
puesta en marcha de los Tribunales Provinciales de Instancia.
Fortalecimiento de la especialización judicial que
redunde en la profesionalización.
Reducción de la litigiosidad mediante la seguridad
jurídica que proporcionará la jurisprudencia vinculante del TS: el Alto
Tribunal la establecerá cada tres meses en función de su relevancia y será
publicada en el BOE.
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