El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la privatización por decreto-ley del Registro Civil que
realizó el Gobierno de Mariano Rajoy en julio de 2014. Da así la razón al recurso presentado por el Grupo
Socialista del Congreso de los Diputados y al que después se
unieron UPyD y la Izquierda Plural.
En julio de 2014, el Gobierno decidió poner la gestión del Registro
Civil, que custodia información sensible de todos los españoles, como sus nacimientos, muertes y matrimonios, en
manos de los registradores de la propiedad y los mercantiles. Este
gremio, al que pertenece el propio
Rajoy, regenta empresas privadas, mientras que los titulares del
registro son funcionarios por
oposición.
La decisión del Gobierno se tomó además por decreto-ley, lo que permitió
al Ejecutivo evitar que la
privatización pasase por el Congreso y fuera debatida por la
oposición, lo que avivó aún más el malestar entre los sindicatos de
funcionarios y letrados, que protestaban por la falta de diálogo con ellos.
La privatización se encubrió dentro del de Real Decreto-ley 8/2014 de 4
de julio, que era un macro paquete de
“medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia”. El
Tribunal Constitucional avala el uso de esta medida para muchas de las medidas,
pero no para dos casos: la reforma
del Registro Civil y otra dirigida a las empresas de trabajo temporal.
El Tribunal estima que estas medidas concretas se debían haber tramitado
por el Congreso, ya que el
Gobierno no ha sido capaz de justificar las causas de “urgencia” necesarias
para aprobar semejante medida por un decreto-ley. La sentencia subraya las
exigencias que rigen dichos decretos leyes, que se permiten al Gobierno “si el
ejercicio de este poder legislativo excepcional (…) está justificado por
razones de extraordinaria y urgente necesidad”.
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