Observamos con honda preocupación
que tras la reordenación del sector público de Andalucía y subsiguiente
creación de múltiples Agencias, que en la mayoría de los casos duplicaban
funciones que venían prestando organismos y funcionarios públicos, estas
Agencias han ido progresivamente suplantando al sector público y desplazando de
sus funciones y competencias a los empleados públicos que venían desempeñando
estas tareas, con la consiguiente pérdida de garantías para el ciudadano y
menoscabo en la calidad del servicio.
Paralelamente asistimos a una preocupante ausencia de
iniciativas públicas para, por un lado, dejar atrás la crisis económica en que
está instalada Andalucía, y, por otro, salir de otra crisis de similar
gravedad, que podríamos calificar de “institucional”. En efecto, la
debilitación de valores democráticos que delata la multitud de casos de
corrupción salidos a la luz, llama a fortalecer la democracia, redoblando el
esfuerzo de la sociedad por mejorar sus instituciones; y esto, sin duda,
requiere de inversiones que contribuyan a regenerar lo público. Por el
contrario, resulta frustrante descubrir que se siguen dedicando fondos
millonarios a gastos con escaso o nulo control y rentabilidad social, lo cual
significa echar por tierra gran parte de las posibilidades de regeneración.
La sombra de la privatización se cierne, por lo demás,
sobre el inmediato futuro de los servicios públicos en Andalucía, puesto que
parece que sólo poniendo en manos del sector privado servicios y patrimonio
público, llega a obtenerse financiación para salvar unas cuentas autonómicas
faltas de un control riguroso. Ejemplo de ello sería la reciente venta masiva
de inmuebles propiedad de la Junta de Andalucía a un fondo de inversiones
norteamericano, al que acto seguido se le alquilan esos mismos inmuebles, y por
los que la Junta de Andalucía terminará pagando, tras veinte años de alquiler,
más de un 150 % del precio recibido por su venta.
Por todo lo expuesto PEDIMOS:
1.- Que se devuelva la paga extra de diciembre de 2012 a todos los empleados y empleadas públicos/as que prestan sus
servicios en Andalucía.
2.- Que se adopten las medidas necesarias de control e inversión para devolver la integridad de sus potestades a la Administración
Pública Andaluza, mejorar y potenciar la calidad de sus servicios e impedir el
malgasto y dilapidación de los recursos públicos.
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