El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anució ayer que
antes de fin de año se aprobarán las que considera las “principales reformas de
la legislatura”: la que modificará la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y
el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.
El ministro ha señalado que la nueva normativa procesal penal
permitirá agilizar los procedimientos judiciales, especialmente, los
macroprocesos y regulará los medios de investigación en el proceso penal, como
la intervención judicial de las comunicaciones, que el texto actual limita a
las postales.
La nueva ley también suprimirá
el catálogo de faltas y establecerá nuevos
criterios de gestión de los atestados policiales sin autor conocido.
Catalá ha señalado que sin abordar la reforma de la ley que
regula el proceso penal “no tendrán sentido otras” en las que también trabaja
el Ministerio como modernizar tecnológicamente la Justicia, expandir la nueva
oficina judicial y permitir las comunicaciones entre los operadores jurídicos a
través del teléfono móvil y la Sede Judicial Electrónica.
En cuanto al Proyecto
de Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene que volver en segunda vuelta al Consejo de
Ministros, el ministro ha señalado que mantendrá los partidos judiciales, pero racionalizará el sistema de reparto de cargas de
trabajo entre
juzgados.
“Desafíos”
planteados
Además de enumerar las reformas en las que trabaja su
departamento, el ministro ha defendido que la Justicia tiene que estar preparada
para responder a los diversos “desafíos” que el Estado de Derecho tiene
planteados, entre los que ha citado la corrupción y “esa subversión de los
principios democráticos, que anida en los intentos de situar una determinada
voluntad por encima de la voluntad general”. A su juicio, “resulta urgente
deshacer esa idea letal que se trata de difundir desde algunos ámbitos de que
la política es lo opuesto a la ley y que por tanto los tribunales deben
quedarse al margen”.
En relación a la corrupción, el ministro ha
recordado que el plazo de
prescripción por estos delitos se elevará hasta los 15 años y que el Ministerio de Justicia
remitirá un informe semestral al Congreso sobre los indultos concedidos, pese
asegurar que “este Gobierno no ha concedido ningún indulto a nadie que se haya
lucrado gracias a los fondos públicos”. Desde que Rajoy tomo posesión del
cargo, el Gobierno ha concedido más de 700 indultos, aunque se trata de una de
las cifras más bajas de las últimas legislaturas (ver gráfico).
En el turno de preguntas el ministro apostó por dar una
respuesta contundente para hacer frente a incidentes como los del pasado fin de
semana en los alrededores del estadio Vicente Calderón. Catalá abogó por
mejorar la legislación para que haya respuestas eficaces ante estas conductas
aunque recordó que el Código Penal incluye como delito la incitación al odio.
Publicado en www.diariojuridico.com
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