En
mitad del verano y sin apenas atención mediática, el Gobierno ha
aprobado el Proyecto de Ley de Mutuas. Esta Ley tiene una importante
trascendencia ya que afecta a la atención sanitaria y las prestaciones
que reciben millones de personas trabajadoras. El Proyecto de Ley abre
la puerta a la privatización de la Sanidad Pública y sitúa a las mutuas
como principales gestoras de las prestaciones de la Seguridad Social.
Les
otorga la capacidad de proponer altas en Enfermedad Común desde el
primer día de la baja, dejando de lado a los médicos del sistema
público.
Les
entrega un poder casi total en la gestión de la Incapacidad Temporal
por Enfermedad Común. Tendrán la potestad de declarar, denegar,
suspender y anular del derecho a la prestación económica. Además, los
pagos realizados por ellas tendrán carácter provisional durante dos
meses.
Propuestas de alta
Desde
el primer día de la baja por Enfermedad Común, podrán enviar la
propuesta de alta a los Inspectores Médicos de los Servicios Sanitarios
Públicos, que deben contestar en 5 días.
Si
el Inspector Médico quiere citar al paciente para reconocerle debe
hacerlo dentro de ese plazo. En caso de no aceptar la propuesta de alta,
debe aportar un informe justificativo. De no recibir respuesta en ese
plazo, las Mutuas pueden dirigirse al INSS, que contestará en 4
días. Así, las altas en Enfermedad Común quedan en manos del tándem
Mutuas-INSS, que ya han demostrado priorizar los buenos resultados
económicos a la salud de las personas trabajadoras
Privatización de la Sanidad
Otro
aspecto muy significativo es que supone un importante avance en la
privatización de la Sanidad. Pretende generalizar el uso de los centros
sanitarios de las Mutuas para el tratamiento de pacientes derivados de
los centros públicos.
Para
ello, los Servicios de Salud de las CCAA podrán firmar convenios con
las Mutuas, teniendo que pagarlas por los servicios prestados en virtud
de estos convenios.
Las
Mutuas ya realizan tratamientos y pruebas de este tipo, pero hasta
ahora lo hacen obteniendo como compensación la disminución de la
duración de las bajas, y con ello, el ahorro en el pago de prestaciones.
Ahora
tendrán mayores ingresos, que se detraen de la Sanidad Pública. Esto no
es más que una nueva externalización que puede acabar en una derivación
masiva de pacientes, en vista del poco interés del Gobierno en invertir
en Sanidad Pública.
Las Mutuas también podrán celebrar convenios con entidades privadas, aumentando así su lucro.
Ocultamiento generalizado de la enfermedad profesional
Como
el Proyecto supone que la única amenaza para la Seguridad Social es el
supuesto absentismo injustificado, no pone de relieve ni establece
soluciones frente a los principales problemas existentes en materia de
salud laboral.
Ignora
el ocultamiento sistemático del origen profesional de muchas
enfermedades por parte de las Mutuas. En multitud de ocasiones acudimos a
la Mutua enfermos, con dolores, o molestias cuyo origen laboral se
niega a aceptar. Entonces nos vemos desamparados y, o bien, nos
exponemos de nuevo a aquello que nos daña o nos vemos obligados a acudir
a la Sanidad Pública que acaba asumiendo el coste de accidentes y
enfermedades de origen profesional.
Así,
las Mutuas ahorran, las empresas evitan poner medidas preventivas para
evitar estas enfermedades y accidentes no reconocidos, y el Gobierno
dice que la Sanidad Pública es insostenible. Mientras no se ponga
solución a esto se seguirán cronificando Enfermedades Profesionales que,
como los trastornos músculo-esquelético, están llegando a ser una
verdadera plaga, que está haciendo mucho daño, sobretodo en algunas
ocupaciones. Parecido ocurre con los cánceres profesionales cuyo origen
laboral en pocos casos se reconoce.
Calificación de la gravedad de los accidentes
Pese a todo lo anterior, no se prevé para las Mutuas a ningún control de sus actuaciones sanitarias.
Este
aspecto negativo de su gestión se une a otra práctica habitual que es
la inadecuada calificación de la gravedad de los accidentes. La mayoría
son calificadas como leves, aunque sean lesiones graves, porque de esta
forma se elude el control de la autoridad laboral. En el año 2010 la
duración media de la baja de los accidentes calificados como leves fue
de 27,1 días, una baja de casi un mes, que contrasta con la supuesta
levedad con que fueron calificados.
Fondos públicos para pagar los gastos indebidos
Aunque
el Gobierno nos ponga a trabajadores y trabajadoras en el punto de
mira, como absentistas y responsables de que el sistema sea
insostenible, son algunas Mutuas las que han tenido actuaciones más que
dudosas.
Hace poco, El País revelaba
que FREMAP gastó indebidamente 43,2 millones de euros de dinero público
entre 2006 y 2011. Se detectaron gastos en pagos a comerciales para
captar mutualistas, dietas, viajes, coches de lujo y mariscadas para los
directivos. En 2007, ya había saltado otro escándalo, en este caso de
Mutua Universal, que facturó a la Seguridad Social por servicios
inexistentes.
A
día de hoy estos gastos indebidos se pagan con el patrimonio histórico,
que es titularidad de las empresas asociadas. En caso de no ser
suficiente, se puede exigir una derrama entre las empresas asociadas.
Lejos
de poner los medios para evitar despilfarros, el Gobierno crea la
llamada Reserva Complementaria. Con el dinero de las cotizaciones, las
Mutuas podrán crear esta reserva, cuyos recursos se podrán ser
destinados al pago de exceso de gastos de administración, sanciones
administrativas y gastos procesales.
Se
establecen para los Directores Gerentes de las Mutuas salarios
compuestos por retribuciones básicas, complemento de productividad y
retribuciones complementarias. Iguala sus retribuciones a las de los
Presidentes ejecutivos de las entidades públicas empresariales del
Estado, es decir salarios astronómicos, pero que no se concretan a pesar
de salir de las arcas públicas.
La Prevención de Riesgos Laborales, despreciada
En
la Ley de PRL de 1995 se establecía un modelo por el que las
responsables de asegurar los accidentes laborales (Mutuas) podían asumir
la Prevención de Riesgos Laborales en sus empresas asociadas. Así, el
objetivo era que buscasen ahorrar costes en asistencia sanitaria y
prestaciones mediante el establecimiento de un adecuado sistema
preventivo.
Años
después se obligó a las Mutuas a constituir sociedades mercantiles de
prevención en las que podían participar, pero separando funciones. Estas
sociedades controlan el 60% del total del sector, gestionando la
prevención de muchas empresas y trabajadores españoles. Ahora el
Proyecto de Ley les obliga a deshacerse de estas sociedades, cuyo
patrimonio se generó con dinero público, antes del 15 de marzo de 2015.
Muchas ya han sido puestas a la venta.
FREMAP,
aceptó una oferta de 100.000 euros por su Sociedad de Prevención, que
tiene un patrimonio en su contabilidad de 19,8 millones. La Seguridad
Social tuvo finalmente que impedir la venta, porque imponía la
contratación en exclusiva de la nueva sociedad durante 10 años, a cambio
de mantener al equipo directivo. Otra, Mutua Gallega vendió su sociedad
de prevención a un empresario del mundo del fútbol.
Es
necesario plantearse si el modelo actual de prevención, en el que la
Ley ahonda, en el que las empresas basan la elección de su Servicio de
Prevención únicamente en función del coste, es el mas adecuado,
sobretodo dada la situación existente en materia de prevención y la
alarmante siniestralidad laboral, que además se viene incrementando
recientemente de forma alarmante.
Desde la USO decimos ¡¡¡NO!!! a este Proyecto de Ley
Cambia
el nombre a las Mutuas, hasta ahora llamadas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social por el de Mutuas
Colaboradoras de la Seguridad Social. Abre la puerta a cualquier tipo
de nueva colaboración, como ya se ha venido haciendo desde los años 90,
ampliando cada vez más el abanico de prestaciones que gestionan (de
incapacidad temporal por contingencias comunes, por profesionales, de
embarazo, lactancia, por cuidado de hijos con enfermedad grave,
prestaciones de autónomos,..) pasan cada vez más de actuar en el campo
del Accidente de Trabajo y la Enfermedad Profesional a ser las
principales encargadas de gestionar prestaciones de la Seguridad Social.
Deja
sin solucionar los problemas con el reconocimiento y calificación de la
enfermedad profesional, deja el control de la Enfermedad Común en manos
del tándem Mutuas-INSS y busca privatizar la Sanidad. Los propios
empresarios son los que controlan nuestros procesos de incapacidad,
buscando acortarlos para ahorrar prestaciones y así pedir la bajada de
las cuotas de la Seguridad Social. No establece mecanismo para solicitar
cambio de Mutua, ni para controlar su actuación a nivel sanitario. Si
se controlará a los Inspectores Sanitarios en sus respuestas a las
Mutuas. Por todas estas razones desde la USO decimos alto y claro: ¡¡NO A LA LEY DE MUTUAS!!
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