El viernes 1 de Agosto aprobó el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria que remite a las Cortes Generales.
Este proyecto supone la privatización de procedimientos que hasta ahora
eran competencia exclusiva de la Administración de Justicia, otorgando
la tramitación de los mismos a Notarios y a Registradores de la
Propiedad y Mercantiles.
El nuevo proyecto abre la posibilidad de que las bodas se celebren ante
notario, aunque se podrá hacer también como hasta ahora en el Registro
Civil y en los Ayuntamientos.
Además, la nueva ley desjudicializa cientos de procedimientos que hasta
ahora se tramitaban en los Juzgados, lo que supone un paso más en la
privatización de la Administración de Justicia que este Gobierno se ha
empeñado en conseguir.
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