Publicado el Viernes, 29 Agosto 2014.
Con
el rechazo de todas las enmiendas presentadas por los grupos de la
oposición, la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los
Diputados aprobó ayer, con competencia legislativa plena, la
convalidación como ley del Real Decreto 8/2014, que traspasa la llevanza
del Registro Civil a los registradores mercantiles y civiles y crea una
Corporación pública.
En el texto se introdujo, no obstante, una enmienda del Grupo Popular
distinta de la que regulaba que los Registros de Nacionalidad, Actos de
Última Voluntad y Seguros de Vida pasarían a depender de la futura
Corporación Pública, tal y como constaba en el Boletín Oficial de las
Cortes, de 25 de septiembre.
La modificación aprobada finalmente establece que a través de orden
ministerial se regularán los servicios que se incorporarán a la
Corporación, pero sin cambio de competencia, que seguirán siendo de la
Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN). El primero
será el Registro de Nacionalidad.
En el debate, los portavoces de laoposición rechazaron la reforma, al considerar que se trata de una privatización del servicio.
El diputado socialista Julio Villarrubia solicitó la suspensión de la
vacatio legis (un año) y su extensión hasta enero de 2016, porque "así
se podría buscar un consenso entre los grupos parlamentarios y los
colectivos de la Justicia, tal y como ocurrió con la Ley 20/2011, que ha
quedado no nata, y para que no se consolide esta Ley y retrotraer las
actuaciones en el caso de que el PP pierda las próximas elecciones".
El diputado del PP, José Castillo, explicó que la urgencia de este
proyecto de Ley responde a la voluntad del Gobierno de que no entrase en
vigor la citada Ley 20/2011, al haber transcurrido los tres años
estipulados para ello. Justificó que no haya entrado en vigor esta
normativa al carecer de memoria económica, lo que "imposibilitaba su
puesta en marcha, junto con la falta de concreción en el modelo a
implantar, incluso sobre los funcionarios que deberían llevarlo".
Percepciones enfrentadas
Para Villarrubia, el actual Registro Civil exhibe los mejores resultados
de toda la UE, garantiza la mayor seguridad jurídica y el precio es
comparativamente más bajo.
Mientras, para Castillo, éste es el organismo que más quejas suscita
ante la Oficina del Defensor del Pueblo, con un 58 por ciento de las
referidas a Justicia, habiéndose triplicado, según el informe de 2013.
Los portavoces de PSOE, IU y PNV abogaron en la defensa de sus enmiendas
por su apoyo al modelo de Registro Civil llevado por los secretarios
judiciales, que consideran más idóneos para realizar la labor, al
tratarse de un cuerpo superior jurídico, con carácter de autoridad,
ámbito nacional y dependientes del Ministerio de Justicia.
Por su parte, el portavoz del PP argumentó que no se ha elegido a este
colectivo porque en la actualidad son ellos quienes llevan la gestión en
las oficinas del Registro Civil, bajo las órdenes de los jueces, con
"una tramitación lenta y falta de personal, que da como consecuencia
colas interminables para los solicitantes de certificaciones, que llegan
incluso a los seis años registrados en el Registro de Santa Coloma de
Gramanet".
También explicó que existe una dependencia de las comunidades autónomas
que tiene como consecuencia que en cada una de ellas se gestione de
forma diferente y, además, que cada una tenga su propio sistema
informático, con muchas dificultades para compatibilizarlos.
Los grupos de la oposición mostraron sus sospechas de que detrás de esta
reforma se encuentre un negocio de empresas de informática, dudaron de
que los registradores realicen el servicio con carácter gratuito y
denunciaron un intento de privatización del servicio. Por el contrario,
el portavoz del PP recordó que los registradores mercantiles son
funcionarios, dependientes del Ministerio de Justicia.
Por su parte, la portavoz de UPyD, Irene Lozano, calificó el proyecto de
"chapuza" y "engaño para la sociedad", al tiempo que dudó de la
gratuidad del futuro sistema. Como respuesta, Castillo afirmó que "el
Gobierno ha puesto la condición de la gratuidad para las
certificaciones."
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