Cómo llevaría Alberto Ruiz-Gallardón su Ministerio,
que en un dictamen del Consejo de Estado al que ha tenido acceso este diario
aparece esto: la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia
recomienda que se modifique «en contenido, estructura y forma» un proyecto del
real decreto del mismo Gallardón. Así de insólito. El ministro dimitió en la
misma semana en que explotó discretamente otro lío de su Ministerio con mucha
menor trascendencia pública que la reforma de la ley del aborto, pero que afecta
personalmente al presidente del Gobierno y a sus hermanos.
Se trata de la decisión del Gobierno del pasado 4 de
julio de encomendar a los compañeros registradores de Rajoy la llevanza del
Registro Civil y organizar en agosto la discreta adjudicación millonaria de un
nuevo y único sistema informático para todos los registros españoles. Todo por
«procedimiento negociado y sin publicidad», sólo con empresas invitadas, y
alegando «seguridad nacional». Para ello, la ley crea una nueva Corporación de
Derecho Público con capacidad de formalizar el contrato al margen del Colegio
de Registradores de la Propiedad, al que pertenece el propio Rajoy, que es aún
titular -aunque no ejerza- del Registro de la Propiedad de Santa Pola. Todo
este extraño montaje legal, que ha desarrollado Gallardón como titular del
Ministerio de Justicia, ha provocado que la junta directiva del Colegio de
Registradores haya decidido presentar una denuncia sin precedentes ante la
Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) contra la norma
firmada en persona por su compañero Rajoy, por vulnerar, en su opinión, lo que
debe ser una contratación pública normal. Así lo desvela el propio decano del
colegio, Gonzalo Aguilera, en una carta interna (ver extracto adjunto) a la que
ha tenido acceso este diario.
En el Colegio se considera que llevar el Registro
Civil es un regalo envenenado y que, peor aún, puede que sea una simple excusa
para que alguien dé un pelotazo sin que ellos puedan impedirlo al perder por primera
vez el control de su sistema informático, que alberga datos de todos los
españoles. Aguilera hace en su carta un relato asombroso de cómo Gallardón le
dice que si quiere tener acceso al contrato, el Colegio puede presentarse a
última hora al concurso en alianza con alguna empresa tecnológica. Pero
Telefónica, Indra y Microsoft dijeron al decano que tenían ya «compromisos
previos». Gallardón reaccionó al enterarse con «gran preocupación».
El diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares ha
presentado una batería de preguntas al Gobierno en las que apunta en la
trastienda del negocio a una empresa asturiana llamada Futuver, aliada de
Microsoft, que ya dio en 2012 un «pelotazo tecnológico» al cobrar a la anterior
junta del Colegio de Registradores 5,15 millones de euros, 12 veces por encima
del precio del mercado, según una auditoría posterior. Llamazares apunta
connivencia con Futuver del director general de Registros y del Notariado del
Ministerio, Joaquín Rodríguez, y del hermano del presidente, el registrador
Enrique Rajoy. Además de la intervención de Llamazares, coincide que la
directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores es la ex
ministra del PSOE, Beatriz Corredor. ¿Operación política contra Rajoy? «En
absoluto, muchos registradores más bien del PP están de acuerdo en que hay que
parar esta cacicada», aseguran otros miembros del Colegio. También la junta
directiva de la Asociación de Registradores Francisco de Cárdenas ha decidido
presentar también su propia denuncia ante la CNMC.
Con independencia de si el contrato vulnera o no las
reglas de la competencia, el proyecto de Real Decreto de Gallardón que
desarrolla lo firmado por Rajoy «debe ser reconsiderado en lo que se refiere a
sus grandes orientaciones (...) hace una lectura inconstitucional del mandato
legal», según el demoledor dictamen del Consejo de Estado, que se basa en un
informe de la Secretaría General Técnica del propio Gallardón. El Gobierno debe
aclarar este embrollo, uno más por los que Gallardón dimite o le hacen dimitir.
No sólo es la ley del aborto.
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