El ministro de Justicia garantiza que la Comunidad tendrá 'voz y
voto' en la ubicación de las sedes desplazadas que fijará la nueva Ley de
Demarcación y Planta.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, afirmó
este miércoles que "subsistirán
todas y cada una de las sedes judiciales que en estos momentos existen en
España, sin excepción" y
que "no se cerrará" ningún juzgado de primera instancia o instrucción
en ninguna capital de provincia, ni tampoco en ningún partido judicial de
España "sin excepción".
El ministro, que clausuró en
Ávila el II Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla, respondió así a la
preocupación que le trasladó el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago- Juárez, en ese mismo foro. El portavoz del Gobierno
regional advirtió de que si se aplicaran a otros servicios esenciales los
criterios de eficiencia y carga de trabajo en los que se basa el anteproyecto
de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) "tendríamos que cerrar todos los
servicios del medio rural".
Por ello, reclamó que esa nueva
ordenación de la justicia tenga
en cuenta las peculiaridades de la
Comunidad, como la dispersión poblacional, y evitar que si se
aplica esa regla "haya un órgano judicial por cada 10.400 kilómetros
cuadrados".
El consejero incluyó en sus
reivindicaciones que Castilla y León también pueda formular propuestas para la
ubicación de las sedes desplazadas, al margen de tener o no transferidas las
competencias de justicia. Una ubicación que fijará la nueva Ley de Demarcación
y Planta. De Santiago- Juárez dijo no entender por qué se han marcado "dos
categorías" en este sentido y reiteró la petición de la Junta de que "tanto las
que tienen las competencias como las que no, participen haciendo
propuestas" y no con una "simple audiencia".
Ante esta petición, Ruiz-
Gallardón aseveró que el
Gobierno dará "voz y voto" a todas las comunidades autónomas y afirmó estar dispuesto a llegar a
un acuerdo con el PSOE para que la nueva Ley de Planta
registre que cualquier modificación sobre la demarcación actual "tenga que
ser informada favorablemente por la comunidad autónoma respectiva, aunque ahora
no vayamos a modificarla", aseveró.
El ministro aclaró que los
tribunales provinciales de instancia que contempla el anteproyecto de ley
asumirán las competencias de las audiencias provinciales y de los órganos
unipersonales, esto es, los juzgados de primera instancia e instrucción. No
obstante matizó que los tribunales provinciales de instancia no son
"sustitutos" ni "herederos" de estos órganos unipersonales.
Ruiz- Gallardón alegó
que esta organización aporta "flexibilidad" al
funcionamiento y competencias
que puede tener cada sede y permitirá un mejor aprovechamiento de los medios
materiales y humanos porque pertenecerán al mismo órgano. De esta forma se
distribuirán en función de la carga de trabajo de cada juzgado, y no con un
criterio territorial. "Permitirá reasignación de efectivos sin necesidad
de crear juzgados o modificar la planta constantemente", agregó.
Sede TSJCyL
En cuanto al debate abierto
sobre la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL),
Ruiz- Gallardón aseveró que "mantendrá
la sede establecida desde su constitución" y, por tanto, que la ley
"consagra la titularidad de Burgos como sede". No obstante, no
precisó si, aunque Burgos siga siendo la sede, esta podría desdoblarse con
algunas salas a Valladolid.
Sobre este tema, el consejero de
la Presidencia,
José Antonio de Santiago- Juárez, reiteró que el Gobierno regional "no
tiene ninguna intención" de abrir un "debate estéril" puesto que
la sede del TSJCyL, está donde fija la
Ley de Cortes de 1987, es decir, Burgos.
Competencias
Coincidieron el consejero
portavoz y el ministro de Justicia en insistir en que para sentarse a negociar
sobre la transferencia de estas competencias a la Comunidad es preciso completar la reforma marcada por el
anteproyecto de ley del Poder Judicial, la Ley de Demarcación y Planta y también, el nuevo
modelo de financiación autonómica, agregó de Santiago- Juárez.
Una negociación en la que, hasta
el momento, hay una diferencia de 30 millones de euros entre el coste efectivo
que estima el Ministerio y el que baraja la Junta, que también reclama cláusulas de garantía
que comprometan una serie de inversiones.
No obstante, el consejero rechazó que Castilla y
León sea una "comunidad de segunda" por no tener transferida la
justicia, ya que más que la cantidad de competencias, lo que importa es la
"calidad" con la que se gestionan cada una de ellas. De lo contrario,
en vez de asumir una nueva competencia, se estaría asumiendo un
"déficit" que perjudicaría al resto de servicios públicos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario