El juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 7 de Barcelona ha dictado sentencia que sugiere la necesidad de flexibilizar la vigente Ley de Incompatibilidades
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, para que el personal
funcionario pueda compatibilizar su puesto con una segunda actividad en el
sector privado.
La sentencia estima una demanda contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento de Barcelona por parte de un Policía Local que pretende compartir su actividad con el ejercicio de la abogacía y refiere en sus fundamentos jurídicos varias sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que se pronuncian en la misma dirección.
El
juez justifica su decisión al entender que las congelaciones y rebajas
salariales aplicadas a lo largo de los últimos años han supuesto una pérdida
del poder adquisitivo de hasta un 20 por ciento, que lo han hecho retroceder a
niveles retributivos propios de 2003 y años anteriores.La sentencia estima una demanda contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento de Barcelona por parte de un Policía Local que pretende compartir su actividad con el ejercicio de la abogacía y refiere en sus fundamentos jurídicos varias sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que se pronuncian en la misma dirección.
“Cuando las retribuciones de los funcionarios son usadas, congeladas y reducidas por los Gobiernos de la Nación como un elemento más de política económica, ya no puede seguir sosteniéndose una aplicación a rajatabla de la Ley de Incompatibilidades de 1984”, añade la sentencia.
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