La incapacidad del Ministerio de
Justicia de sacar adelante su Ley de Registros —que anunció hace año y medio y
sigue parada— está a punto de dar lugar a un embrollo legislativo. Esa ley
debía entrar en vigor antes del 22 de julio de este año, para dar cumplimiento
a un mandato del Congreso de 2011. Pero ni está lista ni se la espera: el
ministerio no logra ponerse de acuerdo con ningún cuerpo de funcionarios para
que asuma —gratis— el trabajo de gestión de los registros civiles que ahora
realizan jueces y funcionarios judiciales. A dos meses de que venza el plazo,
Justicia estudia la posibilidad de cubrir el vacío legal declarando una
prórroga in extremis, a través de una enmienda en el Senado a alguna otra norma
que no tendrá nada que ver con la materia. Y seguir negociando para encontrar
una salida al bloqueo.
El Registro Civil
—donde los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios,
divorcios, adopciones, nacionalidad, cambios de apellidos y otros asuntos,
hasta un total de 1,4 millones de trámites al año— está adscrito desde el siglo
XIX a la administración de justicia. Al frente de cada oficina del registro hay
un juez (o un juez de paz, estos no profesionales), y unos 4.800 funcionarios
judiciales se ocupan de esas labores en toda España, compatibilizándolas con la
judicial.
En julio de 2011, todos los
grupos políticos, a propuesta del PSOE, se pusieron de acuerdo para aprobar una
ley que ordenaba delegar ese trabajo puramente administrativo en “funcionarios
públicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado”, para
que los jueces pudieran concentrarse en lo esencial: juzgar. La ley no
especificaba en qué cuerpo de “funcionarios públicos” se delegaría; previendo
que la transición sería compleja, el Congreso estableció una vacatio legis:
un plazo de entrada en vigor, de tres años. El traspaso de los registros debía
estar en funcionamiento, por tanto, el 22 de julio de 2014. Dentro de dos
meses.
Pero el Ministerio de Justicia,
dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, no ha logrado llegar a un acuerdo
con ningún cuerpo de funcionarios para ejecutar el traspaso. Lo intentó con los
registradores de la propiedad —lo que provocó una intensa polémica porque
algunos sindicatos y asociaciones judiciales vieron ahí un paso hacia la
privatización—, pero finalmente ha desistido. Por eso en este momento es
imposible que la ley de 2011 entre en vigor pero, a la vez, se cumple el plazo
establecido en la norma. Se produciría así a partir del 22 de julio una extraña
situación, con una ley inaplicable aunque formalmente en funcionamiento. Los
jueces seguirían al frente de las oficinas del Registro sin tener jurídicamente
competencia para ello.
Uno o dos años de prórroga
Fuentes del ministerio
garantizan que, aunque eso ocurra, los trámites que los ciudadanos realizan en
el registro a diario —algunos obligatorios, como la inscripción de nacimientos
y defunciones— seguirán realizándose. Pero admiten que hay que evitar llegar a
esa situación de limbo jurídico. Para lograrlo, Justicia barajó varias
posibilidades, incluida la de prorrogar por decreto ley la entrada en vigor de
la ley de 2011. Finalmente la solución encontrada, según fuentes del Gobierno,
es incluir una enmienda en alguna ley que se encuentre ahora en tramitación en
el Senado, para aplazar la entrada en vigor el tiempo preciso de aprobar otra y
poner en marcha el traspaso; es decir, probablemente uno o dos años más.
Una opción que el PSOE considera
pésima desde el punto de vista de la técnica legislativa, porque supone
congelar una ley que tuvo un trámite largo, con informes, debates y acuerdo
unánime, a través de una enmienda de trámite veloz que previsiblemente apoyará
el PP en solitario. A eso replican así fuentes de Justicia: “Es cierto que la ley
tuvo apoyo unánime pero también lo es que dejaba sin cerrar el aspecto más
espinoso del asunto: qué cuerpo de funcionarios se haría cargo de Registro. Por
eso se fijó un plazo de tres años: porque no es nada fácil”.
Y en tres años no se ha
conseguido. El ministerio anunció primero que delegaría el
Registro Civil en los registradores de la propiedad, a pesar de que su función
a priori no tiene nada que ver. Alegó que los registradores son un tipo
especial de “funcionario público” (dependen del Gobierno y acceden por
oposición, aunque no cobran una nómina sino aranceles a sus clientes), y
rechazó las acusaciones de privatización asegurando que todos los trámites
seguirían siendo gratuitos. Eso bloqueó la negociación con el Colegio de
Registradores, negociación que finalmente se rompió hace dos
meses. Gallardón anunció entonces que no renunciaba a desjudicializar el
Registro Civil (entre otras cosas, porque la ley de 2011 le obliga), y que la
solución pasaría por delegarlo en "funcionarios de
distintos cuerpos". Aún no se sabe cuáles serán, ni cuándo.El Pais.
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