La
Consejería de Justicia asegura que no se perderá ninguna plaza con esta
iniciativa, que es una necesidad "urgente" planteada por el TSJA.
La
Consejería de Justicia e Interior ha defendido este jueves la iniciativa en la
que viene trabajando para impulsar una modificación en las plantillas de los
funcionarios de la Administración de justicia en Andalucía con el objetivo de
propiciar una mejor distribución de estos efectivos y atender con mayor
eficacia las cargas de trabajo que soportan actualmente los órganos judiciales
de la comunidad, lo que supondría una mejora de este servicio público.
En
una nota, la Consejería ha mostrado su respeto a las movilizaciones y protestas
de los sindicatos sobre esta medida aunque no comparte el rechazo a esta
iniciativa por estar todavía en fase de debate y negociación y suponer
"una evidente y necesaria" mejora "ampliamente demandada y compartida
por la mayoría" del mundo judicial, especialmente por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA).
En
este sentido, y según la Junta, la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz
ha venido manifestando reiteradamente las distorsiones existentes en la
distribución de funcionarios que no permite en la actualidad atender las
necesidades reales del trabajo de los órganos judiciales y de la población a la
que presta servicio, una situación que ha provocado que existan órganos que en
la actualidad disponen de un exceso de funcionarios y otros con una plantilla
muy escasa.
El
objetivo de esta medida, por ello, es acabar con esta desigual situación y
acometer una redistribución de los efectivos existentes para incrementar las
plantillas en aquellos órganos que soportan en estos momentos un mayor volumen
de trabajo, todo ello teniendo cuenta la dificultad de proceder a un aumento
ahora de funcionarios por la actual coyuntura financiera y presupuestaria.
La
citada modificación se realizará a través de una reasignación de plazas que
permitirá dotar de más funcionarios a los órganos más sobrecargados procedentes
de aquellos otros en los que su carga de trabajo sea inferior.
La
propuesta inicial para esta redistribución afecta a una serie de plazas en toda
la comunidad, según la Consejería, que destaca además que por cada plaza que se
reordene en un órgano judicial se creará una nueva en otro, por lo que la
plantilla global de funcionarios permanecerá inalterable y no se perderá ningún
puesto de trabajo, como así denuncian los sindicatos "sin ningún
fundamento".
Apuesta
por el diálogo y el acuerdo
El
departamento que dirige Emilio de Llera pone de relieve "su firme voluntad
de diálogo y acuerdo" con todas las partes implicadas en esta iniciativa
de mejora de la justicia, cumpliendo lo legalmente establecido a través del
impulso de un proceso negociador a través de un grupo de trabajo en el que
están presentes las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial de la
Administración de justicia.
A
este respecto, la Consejería subraya que está abierta a analizar cualquier
propuesta e introducir las mejoras y sugerencias que le sean planteadas en el
seno de este órgano de negociación.
De
hecho, según la Junta, esta apuesta por el diálogo ha permitido propiciar "una
clara unanimidad" con respecto a algunas plazas, como por ejemplo las
secciones civiles de las audiencias provinciales, mientras que en otras se está
efectuando un primer estudio que será objeto de debate próximamente.
La
Consejería está promoviendo esta iniciativa de forma previa y como anticipo a
la futura modificación que supondrá la implantación de la nueva Oficina
Judicial y Fiscal, cuyos proyectos piloto se encuentran en la última fase de
preparación.
A
la espera del desarrollo paulatino de este nuevo modelo de oficina, la Junta
sostiene que es necesario impulsar "de forma urgente" medidas que
optimicen ya los actuales recursos humanos al servicio de la Administración de
justicia para la paliar la difícil situación que atraviesan determinados órganos
judiciales y fiscalía. Europapress
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