El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España ha mostrado su "absoluta disconformidad" a la "imposición" del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha anunciado que serán estos profesionales los que se encarguen de la gestión del Registro Civil.
24.06.14 | 21:43h. EUROPA PRESS | MADRID
Los registradores han recordado que ya manifestaron su oposición a la
asunción del Registro Civil en su asamblea general celebrada en Zaragoza
en abril de 2013, así como en las distintas reuniones mantenidas con el
Ministerio.
Además, lamenta que no se hayan atendidos sus propuestas que, "a
diferencia de la decisión adoptada respondían a las a las verdaderas
demandas de los ciudadanos en cuanto al eficaz funcionamiento del
Registro Civil".
Según este colegio, el anuncio de Gallardón pone de relieve su
"desconocimiento" sobre la estructura del cuerpo de registradores,
"formado por un cuerpo único de funcionarios que sirven indistintamente
tanto registros de la propiedad como registros mercantiles".
"Precisamente, a causa de este desconocimiento, la decisión puede
originar problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento,
además de entrar en colisión con normas del Derecho Comunitario y su
jurisprudencia", añaden.
SIN CONSENSO
El colegio ha lamentado que una decisión de este calado no se haya
adoptado con el mismo consenso jurídico y político con el que se aprobó
la ley del Registro Civil en 2011, "cuya inminente entrada en vigor
ahora se aplaza".
Asimismo ha expresado su "preocupación y malestar" por esta forma de
proceder por parte del Ministerio que, ha avisado, puede provocar un
"cisma" en el cuerpo de registradores después de "financiar y gestionar,
en poco más de un año, casi medio millón de expedientes de adquisición
de nacionalidad por residencia, sin coste alguno para los ciudadanos".
La Junta de Gobierno de los registradores ha añadido que, una vez que
tenga conocimiento completo y detallado de esta decisión de Justicia,
estudiará y adoptará las medidas que estime más adecuadas para la
defensa de los intereses profesionales de los registradores, "sin
detrimento del interés general".
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