La reforma laboral iniciada con el Real Decreto-ley 3/12, de medidas urgentes de reforma del mercado laboral, y consolidada con la Ley 3/12, de 6 de julio, de igual nombre, ha provocado una ruptura de los pilares básicos del derecho de trabajo, introduciendo en nuestro derecho laboral el despido libre y gratuito a través del nuevo contrato de apoyo a los emprendedores; otorgando al empresario un poder absoluto sobre las condiciones laborales de los trabajadores; dando carta libre al empresario para la extinción de los contratos de trabajo, por la triple vía de facilitar las causas objetivas, tanto en el despido individual como en el colectivo; eliminar la autorización administrativa y abaratar sustancialmente la indemnización por despido disciplinario, con clara afectación al despido objetivo y al colectivo; y finalmente erosionando el poder contractual colectivo de los trabajadores al romper el sistema de negociación colectiva.
Esta reforma, que se ha justificado por el Gobierno como necesaria para la creación de empleo, ha producido el efecto contrario, una mayor, más rápida y más barata destrucción de empleo, con menores derechos y garantías para los trabajadores e incremento desmesurado de las tasas de desempleo que a finales del segundo trimestre del 2012, tras cinco meses de vigencia de la reforma, alcanza un porcentaje del 24,65 sobre la población activa, lo que supone que casi 5,7 millones de trabajadores se encuentran en situación de desempleo. Prácticamente ya una de cada cuatro personas que quiere trabajar y busca empleo, no puede hacerlo. Además, la cobertura de las prestaciones por desempleo sigue cayendo, y en la actualidad sólo beneficia al 67% de los desempleados, 13 puntos menos que hace dos años.
Especial afectación tiene y va a tener en la destrucción de empleo del sector público, la prohibición incorporada en el Estatuto de los trabajadores por la Ley 3/12 de que las Administraciones Públicas, los organismos públicos y las entidades de derecho publico, con la sola excepción de las que se financien con ingresos obtenidos por operaciones realizadas en el mercado, puedan acudir a la suspensión temporal de contratos o reducción de jornada como medida de flexibilidad interna para evitar los despidos colectivos.
Mayor destrucción de empleo que se verá igualmente incrementada ante la medida del Gobierno de no prorrogar, en los supuestos de despidos objetivos, la reposición de la prestación de desempleo consumida en las suspensiones o reducciones de jornada que se produzcan a partir del 1 de enero de 2013, medida que incentivaba ajustes internos sobre las extinciones de contratos.
Esta reforma recoge diferentes medidas denominadas de flexibilidad interna que lo que suponen es la desregulación de las relaciones laborales, de las que destacamos las siguientes por su especial gravedad:
- Se eliminan las categorías profesionales para facilitar la polivalencia funcional.
- Se amplía para todos los trabajadores la distribución irregular del 10% de la jornada anual unilateralmente por parte de la empresa.
- Se amplia la capacidad de descuelgue de las empresas, no sólo en conceptos salariales sino en otras materias como jornada, horario, distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos y sistema de remuneración. Se minimizan las causas económicas por las que se puede aplicar los descuelgues.
- La ultra actividad queda limitada y los convenios sólo seguirán vigentes un año tras su caducidad, salvo pacto de las partes.
- La Reforma desmantela el sistema de negociación colectiva, al dar prioridad a los convenios de empresa en un número importante de materias (cuantía del salario base y de los complementos, horario y distribución del tiempo de trabajo, medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal…) sin que los acuerdos interprofesionales o sectoriales puedan establecer lo contrario.
II. El rechazo y la reversión del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, ha supuesto un nuevo ajuste de los derechos laborales de los trabajadores del sector público, tanto de los trabajadores por cuenta ajena como de los funcionarios y que castiga especialmente a un sector de la sociedad víctima de la crisis y especialmente vulnerable, los desempleados.
1. La reforma operada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, ha supuesto un nuevo ajuste de los derechos laborales de los trabajadores del sector público, tanto de los trabajadores por cuenta ajena como de los funcionarios.
La reforma suprime la paga extraordinaria de Navidad en 2012; reduce las prestaciones durante las situaciones de incapacidad laboral transitoria y en más del 50% los días de libre disposición y permisos; rompe el régimen de eficacia de los convenios colectivos del personal laboral otorgando un poder unilateral al empleador publico; reduce los créditos y permisos sindicales y reforma el régimen de los órganos de representación de los empleados públicos en la Administración General del Estado.
Estas medidas, sumadas a las que ya vienen afectando a los trabajadores del sector público desde la aprobación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, no sólo tienen un fuerte impacto en sus retribuciones, y en consecuencia en su poder adquisitivo, sino también en aspectos nucleares de sus condiciones individuales de trabajo y en sus derechos colectivos.
2. La reforma operada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, castiga al colectivo que con especial intensidad está padeciendo la profunda crisis que afecta a España, los desempleados.
En una situación como la que está sufriendo España, en la que no dejan de crecer las tasas de desempleo y las de riesgo de pobreza, el Gobierno no cesa en el recorte de las prestaciones por desempleo, tanto de nivel contributivo como asistencial.
El Real Decreto-ley 20/2012 ha disminuido el importe de la prestación contributiva e incrementado las cotizaciones a la Seguridad Social en dicho periodo; se ha elevado la edad de 52 a 55 años para poder acceder al subsidio previo a la jubilación, se ha reducido su periodo de duración que sólo alcanza hasta que se tenga derecho cualquiera de las modalidades existentes de jubilación, se disminuye la cotización en dicho periodo con afectación al importe de las futuras pensiones; desaparece el subsidio especial para mayores de 45 años con una duración de 6 meses; se endurecen los requisitos de acceso a la Renta Activa de Inserción (RAI) y el de carencia de rentas para acceder a cualquiera de los subsidios y se reduce el derecho a la prestación, o en su caso subsidio de desempleo, para los trabajadores con contratos a tiempo parcial.
Asimismo, esta situación de recorte en las prestaciones por desempleo, en un momento en el que es mayor la exigencia constitucional prevista en el artículo 41 de nuestra norma suprema, de garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, se agrava ante la rebaja de la partida para las prestaciones de desempleo en el proyecto de ley de PGE 2013, que pone en serio peligro el mantenimiento del plan PREPARA más allá del próximo mes de febrero.
Ante las consecuencias tan profundamente negativas en el mercado de trabajo y en particular en los derechos de los trabajadores, de las medidas anteriormente descritas, se requiere su sustitución por otras negociadas que respetando el necesario equilibrio en las relaciones laborales, los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, conlleven el mantenimiento y la creación de empleo y la debida protección de los desempleados.
III. El rechazo y la exigencia de cambio radical de las políticas sociales del gobierno que están conllevando un desmantelamiento del Estado del bienestar y están ya debilitando derechos constitucionales básicos que son fundamento del contrato social y de la convivencia democrática en España
Desde el comienzo de su mandato, el Gobierno actual ha centrado su política de consolidación presupuestaria en los recortes sociales y con ese objetivo ha ido aprobando una sucesión de medidas sobre medidas, con las que está arrasando de forma vertiginosa los derechos sociales de los trabajadores y ciudadanos de nuestro país. La ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012; el Real Decreto-ley 16/20012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones; el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y ahora el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013, son una muestra de esta línea de actuación a la que hay que sumar las que ya han adoptado y están por adoptar las Comunidades Autónomas en sus respectivos presupuestos, ante la negativa del Gobierno de conceder a las Autonomías el margen de tiempo para reducir la deuda otorgado por la Unión Europea.
El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, constituye un paso más para situar al Sistema Nacional de Salud en una supuesta ineficiencia que justifique la entrada de la iniciativa privada y promueva el doble aseguramiento sanitario. Con esta reforma el derecho a la Sanidad ya no es universal, sino que queda limitado a la previa condición de asegurado. Las medidas adoptadas por el Gobierno van a impedir el acceso a la tarjeta sanitaria a un importante número de inmigrantes que viven en nuestro país. La cartera de servicios quedará dividida en tres niveles: la financiada, la que se realizará con “repago”, es decir, con aportación del usuario, y la que será exclusivamente de pago. Por primera vez en nuestra democracia, 8 millones de pensionistas participarán en el copago farmacéutico y se incrementará la aportación de la mayoría de los usuarios. Al mismo tiempo, bajo el pretexto de la crisis y de la necesidad de ahorro, los sucesivos recortes, tanto desde el Estado como desde las Comunidades Autónomas, además de empeorar las condiciones laborales de todos los profesionales, están poniendo gravemente en peligro la atención sanitaria y su calidad asistencial. Todo esto supone un avance sin precedentes en la desigualdad y en la injusticia social.
El sistema de protección a las personas en situación de Dependencia está corriendo la misma suerte antes de haberse culminado su implantación. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 implica una reducción de casi 500 millones de euros respecto del presupuesto inicial de 2012, continuando con una política cuyo principal resultado ha sido que desde febrero hasta hoy el Sistema viene reduciendo sistemáticamente el número de personas que tienen derecho a estar atendidas. El proyecto marca como objetivo atender a sólo 850.000 personas en situación de dependencia de los más de un millón que tienen actualmente reconocido el derecho. Esta es la continuidad de una política de fuerte retroceso en los niveles de protección a los más necesitados que quedó plasmada mediante la reforma estructural del sistema operada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Nuevamente se reproduce el mismo patrón regresivo en términos sociales. Con dicha reforma se persigue el recorte drástico del ya modesto gasto social público dedicado a los servicios sociales de dependencia, la reducción del universo de personas protegidas y el cambio de modelo de protección para transitar hacia la mercantilización del mismo, lo que profundizará en las desigualdades: las personas dispondrán de una cobertura desigual en calidad y cantidad, en función de su mayor o menor capacidad económica y se empuja nuevamente a las mujeres, particularmente a las de menos recursos, a asumir la responsabilidad y la carga de los cuidados.
En materia de Educación los recortes a la enseñanza están hipotecando el futuro de nuestro país, el gobierno debería mantener la inversión pública en educación si queremos que nuestro sistema educativo alcance mejores niveles y la sociedad salga de la crisis con las mejores garantías y expectativas de futuro. Los recortes ponen, además, en peligro la calidad de nuestro sistema educativo, con medidas que suponen una reducción de plantillas y de unidades concertadas que ponen en serio peligro sus puestos de trabajo y van en contra de los derechos laborales de los docentes. Expresamos nuestro rechazo contra los recortes salariales, la reducción de profesores interinos, la disminución de presupuestos educativos, incremento de la jornada lectiva y el aumento del número de horas de alumnos por aula. La inversión en educación es garantía de futuro, que deben mantenerse unas condiciones dignas para los trabajadores y que los presupuestos educativos deben atender especialmente a las situaciones de los más desfavorecidos y de los alumnos con necesidades educativas especiales.
IV. El rechazo a las políticas económicas y fiscales tanto a nivel europeo como en España que lejos de dinamizar la economía están profundizando la crisis, incrementando el desempleo y la pobreza.
Transcurridos ya casi cinco años desde que se empezaron a percibir los primeros síntomas de la crisis en nuestro país, no cabe achacar a sus causas originarias la persistencia y gravedad de su impacto. Más allá de la virulencia del seísmo financiero que se inició en EEUU y se extendió al resto del mundo, y de la quiebra de nuestro modelo de crecimiento basado en la especulación inmobiliaria, el empobrecimiento al que estamos sometidos desde hace dos años y la erosión de nuestro estado de bienestar obedece a otras razones, que son las erróneas políticas aplicadas desde entonces, subordinando todo al ajuste drástico del déficit.
Estas políticas, que comenzaron a aplicarse nítidamente en nuestro país en mayo de 2010, se han extendido y profundizado en los once meses de gobierno del Partido Popular y han afectado, como se ha descrito anteriormente, a derechos laborales básicos y a nuestro estado del bienestar.
Además el Real Decreto-ley 20/2012, también ha aprobado la subida del IVA (que el Gobierno había negado una y otra vez), con lo que, junto a otras medidas impositivas puntuales, y junto a las que desde el mes de diciembre del pasado año se han ido aprobando, constituyen una auténtica reforma fiscal encubierta orientada hacia el único objetivo de recaudar más, y que carga el peso del esfuerzo sobre las clases medias y trabajadoras, mientras se muestra complaciente con las grandes fortunas y las bolsas de fraude.
V. Que no se lleven a efecto las previsiones existentes de nuevos recortes en nuestro sistema público de pensiones, de prestaciones por desempleo y protección social que están siendo requeridos desde determinadas instancias internacionales, encarnándose bien vía Presupuestos Generales del Estado para el 2013, o bien a raíz de la probable solicitud del rescate de la economía española.
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