El Gobierno pedirá al
Pacto de Toledo que valore si, en el momento actual de dificultades económicas,
habría que permitir que los empleados públicos se jubilaran anticipadamente de
manera voluntaria, máxime ante el coste que supondría para la Seguridad Social
autorizar esta medida, según consta en un informe, al que ha tenido acceso
Europa Press, que el Ejecutivo ha enviado al Parlamento.
Actualmente, los
empleados públicos no pueden jubilarse anticipadamente de manera voluntaria,
salvo los de clases pasivas, entre los que se encuentran la mayoría de los
docentes y los cuerpos de Seguridad del Estado y que ascienden a cerca de un
millón.
La figura de la
jubilación anticipada y parcial para los empleados públicos viene reconocida en
su Estatuto Básico, aprobado hace cinco años, pero lleva casi el mismo tiempo
esperando un reglamento que permita que éstas sean posibles entre los empleados
públicos que no pertenecen a clases pasivas.
Desde el 1 de enero de
2011, los empleados públicos ya no pueden inscribirse en el régimen de clases
pasivas, sino que están obligados a hacerlo en el Régimen General.
"Habría que
valorar si la jubilación anticipada por voluntad del trabajador se extiende o
no a los empleados públicos, teniendo en cuenta el coste que supone para la
Seguridad Social en anticipar pagos (máxime en unos momentos de dificultades
económicas), la incidencia de jubilaciones masivas en el sector público o el
precedente de aplicación de fórmulas de anticipación a la jubilación, respecto
de otras figuras como la jubilación parcial", reza el documento.
Esta propuesta forma
parte de un conjunto de ideas que el Gobierno quiere discutir en el marco del
Pacto de Toledo para frenar las jubilaciones anticipadas y parciales en el
sistema, con el consiguiente ahorro de costes que ello supondría para las arcas
de la Seguridad Social.
El Ejecutivo apoya sus
propuestas en datos. En 2011 se jubilaron anticipadamente, incluyendo los que
accedieron a la jubilación parcial, un total de 111.648 trabajadores, el
equivalente al 40,53% del total de altas de jubilación al sistema, proporción
que asciende hasta el 50,69% en el caso del Régimen General.
El Gobierno precisa que
las altas de pensión de jubilación con 65 o más años superaron a las
anticipadas, aunque lo achaca a que los trabajadores autónomos no adelantan su
retiro. Eso sí, añade que en el Régimen General la jubilación anticipada ha
sido más frecuente que la jubilación a la edad legal. De hecho más del 50% de
las jubilaciones de 2010 y 2011 fueron anticipadas.
Antes incluso de haber
entrado en vigor la última reforma de pensiones (lo hará el 1 de enero de
2013), el Gobierno ha hecho cálculos y quiere introducir algunos cambios en la
regulación actual, que permite jubilarse anticipadamente a los 61 años de
manera voluntaria, siempre que se cumplan determinados requisitos.
ELEVAR LA EDAD MÍNIMA
PARA JUBILARSE ANTICIPADAMENTE
Las propuestas del
Ejecutivo pasan por adecuar la edad de acceso a la jubilación anticipada a la
que en cada momento está establecida como edad legal. Y es que, a partir del 1
de enero de 2013 y hasta 2027, la edad legal para jubilarse irá creciendo
progresivamente desde los 65 a los 67 años, por lo que el Gobierno entiende que
también debería subirse la edad mínima para acceder a la jubilación anticipada.
El Ejecutivo también
plantea en este informe actualizar el periodo mínimo de cotización exigido para
tener acceso a la jubilación anticipada, así como ajustar los coeficientes
reductores de la cuantía de la pensión.
En el caso de la
jubilación parcial, también propone adecuar la edad de acceso a la misma a la
edad ordinaria de jubilación, modificar la jornada laboral de los jubilados
parciales, prolongar la duración de los contratos de relevo, y adecuar el
periodo mínimo de cotización exigido para poder disfrutar de esta figura.
COMPATIBILIZAR PENSIÓN
CON UN TRABAJO
En un segundo informe
remitido a la Comisión del Pacto de Toledo, el Ejecutivo propone una serie de
medidas para facilitar el cobro de una pensión con un trabajo, ya sea por cuenta
ajena o por cuenta propia.
Así, el Gobierno quiere
que se permitan ambas cosas siempre que se acceda a la pensión de jubilación a
la edad ordinaria. Eso sí, la pensión a percibir sería en el porcentaje que
fuese posible teniendo en cuenta la viabilidad del sistema de pensiones y las
rentas que cobrara el jubilado por ese trabajo.
Además de acreditar la
edad de acceso ordinario a la jubilación, para que trabajo y pensión sean
compatibles se necesitarán otros requisitos, entre ellos que el trabajo a
desarrollar fuera en el sector privado (no pudiendo aplicarse al sector
público). Además, el Gobierno plantea que no sería obligatorio cotizar por las
actividades realizadas, "sin perjuicio de que se pudiesen establecer
cotizaciones de solidaridad", pero sin efecto en las prestaciones.
http://www.expansion.com/2012/11/01/funcion-publica/1351783599.html
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