martes, 27 de noviembre de 2012

CAMBIO DE POLÍTICA


NUEVA POLÍTICA DE SPJ-USO
CON RESPECTO AL PERSONAL AFILIADO Y NO AFILIADO


     Aunque siempre nos hemos caracterizado por atender a todo aquel que requería de nuestra información o servicios (hasta cierto límite eso sí), a partir de ahora, y con el único objeto de NO COMPROMETER O PERJUDICAR EL SERVICIO QUE SE OFRECE AL PERSONAL AFILIADO, que religiosamente abona su cuota sindical, y a instancia de éste (ya que muchos de vosotros sois los que nos habéis pedido que actuemos de esta forma), a partir de ahora SÓLO SE REALIZARÁN GESTIONES A LOS AFILIADOS.

     De esta forma, si aquel que no es afiliado nos realiza alguna consulta que podamos responder en el acto, sin duda la responderemos, pero si implica algún tipo de gestión (búsqueda de información, llamada telefónica, etc), sintiéndolo en el alma NO. También dejaremos de atender aquellas consultas que, “en fraude de ley”, nos realizan nuestros afiliados para algún compañero no afiliado.

     Como ya sabéis, asistimos a una época de cambios en la que los recortes han llegado también a las centrales sindicales desde un doble frente: primero desde la Administración, con un recorte en el personal que teníamos dedicado a cumplir funciones sindicales y que en Cádiz nos va a suponer prescindir de uno de nuestros compañeros; y segundo porque los recortes en nuestras nóminas están haciendo que algunos compañeros opten por la desafiliación, lo que, para un sindicato independiente como el nuestro, constituye la principal fuente de ingresos. Si queremos un sindicato independiente no politizado hay que pagarlo, no hay medias tintas… Y está claro que con menos ingresos no podemos mantener el mismo nivel de servicios en detrimento de nuestros afiliados.

     Por último, sólo queríamos recordar a nuestros afiliados que la cuota de afiliación incluye la asistencia jurídica por parte del sindicato, que tras la reciente publicación de la nueva ley de tasas, resulta preceptiva, al haber derogado la regla especial en virtud de la cual los funcionarios públicos estábamos exentos de dicha asistencia en cuestiones de personal que no implicaran separación del servicio.

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