En BOE de 11 de
octubre se publica Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la
tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad
española por residencia.
Desde SPJ-USO
queremos denunciar que es una tomadura de pelo estas resoluciones que
van más allá de demostrar que la modernización de la Justicia avanza,
es un pulso a todos los trabajadores que formamos parte de la
Administración de Justicia y proceder a una privatización encubierta del
Registro Civil. Es vergonzoso que pasemos de una tramitación gratuita
como era la Adquisición de Nacionalidad por Residencia a superar entre
tasas y derechos de examen a unos 300 euros.
Es lamentable que el Ministerio suscriba con los Colegios de Abogados,
Procuradores y Graduados Sociales entre otros, convenios de
habilitación para la presentación electrónica de documentos para la
tramitación de nacionalidad, cuando los trabajadores del Registro Civil
tienen la suficiente capacidad de trabajo y conocimiento como para
seguir ejerciendo esta labor de forma exclusiva, sin tener que depender
el ciudadano “por miedo, por desconocimiento o por presión social” a
este tipo de profesionales, “previo pago claro”, con el único fin de
desplazar las funciones que se venían realizando en los Registros Civil
hacia otros colectivos, suprimiendo poco a poco funciones con el
consiguiente recorte de funcionarios.
Desde SPJ-USO seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario