TE
INTERESA SABER:
Como muchos ya conocéis,
un grupo de funcionarios/as de justicia de nuestra provincia, 36 concretamente,
se negaron a poner a disposición de la Administración sus certificados
digitales personales o de persona física para el uso de las aplicaciones informáticas
en los juzgados, solicitando se les
dotase de certificado digital de empleado público como se hace en otras
Administraciones.
A la Administración no
se les ocurrió otra cosa, para coaccionarlos, que la apertura de expediente
disciplinario por falta grave o muy grave.
Desde SPJ-USO pusimos inmediatamente
a disposición de los afectados los Servicios Jurídicos del Sindicato.
Un grupo mayoritario de
los expedientados, decidieron poner a disposición de la Administración sus
certificados digitales de persona física, bajo la promesa del archivo de los
expedientes.
Algunos expedientes
continuaron su curso normal y se recibió declaración a unos cuantos
compañero/as notificándoseles posteriormente el pliego de cargos. Compañeros/as
que fueron asistidos por el Servicio Jurídico del Sindicato en su declaración, así
como acompañados/as de representante sindical en dichas declaraciones, se
realizaron las oportunas alegaciones en su defensa.
Al margen de los
expedientes y ante la grave problemática existente, realizamos diversas gestiones
para buscar una solución, reuniéndonos con el Director General de Justicia, el
Director General de Infraestructuras y
Sistemas, el Secretario General de la Delegación y el Secretario Coordinador de
Cádiz.
FINALMENTE LOS 36
EXPEDIENTES FUERON ARCHIVADOS.
En SPJ-USO, no nos
ponemos medallas que no nos corresponden como el caso del CSI-F, que han
manifestado “que gracias a ellos se
archivaron los expedientes”. Cada Sindicato, ya que había varios implicados,
defendimos a los compañero/as y afiliados/as con la legalidad por delante y con un poco de
mano izquierda para conseguir el archivo de los expedientes, que era lo
importante en ese momento, dejando abierta siempre la posibilidad de recurrir
en vía Administrativa. No fuimos metiendo miedo para que el personal se
doblegara a las intenciones de la Administración.
Pero estos compañeros/as,
a pesar de haberse archivado los expedientes, en su interior seguían teniendo
la duda de si la obligatoriedad de ceder sus certificados digitales de persona
física a la Administración era legal o no.
Haciéndonos eco de esta
inquietud.
Como Organización Sindical
seguimos entendiendo que no está nada claro que un funcionario tenga que utilizar
su certificado digital de persona física para los trámites propios de su puesto
de trabajo en la Administración de Justicia, máxime cuando la propia Administración General del Estado dota
a sus funcionarios de certificados digitales de empleado público.
Por
todo ello, SE HA PRESENTADO DEMANDA DE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
CONTRA LA JUNTA DE ANDALUCÍA
PARA QUE SE LA OBLIGUE A LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL Y FIRMA DE
EMPLEADO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DEL CUERPO DE JUSTICIA EN TODAS LAS
APLICACIONES INFORMÁTICAS QUE SE REQUIERAN EN LOS ÓRGANOS JUDICIALES DE ANDALUCIA.
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