Rescato unas
manifestaciones del Secretario General del Ministerio de Justicia en julio de
2012 en la que denunciaba el caos informático en la Administración de Justicia
acusando a las empresas de vender programas incorrectos y además añadía que
debía ser el Ministerio de Justicia quien liderara y supervisara lo que estas
empresas vendían.
Pues bien, el problema
no es de las empresas sino del propio Ministerio de Justicia y de las
Comunidades autónomas que los compran sin exigir esa compatibilidad por
desconocimiento o incluso por conveniencia.
En su día, hace muchos
años, alguien decidió traspasar la gestión de los medios personales y
materiales a las Comunidades autónomas por aquéllo de los pactos políticos y
las cesiones a los nacionalistas con el beneplácito del Tribunal
Constitucional.
El caso es que entre
esos medios materiales traspasó la competencia sobre los programas de gestión
procesal. Hubiera sido mucho más sencillo para todos que, el Estado
representado en esta cuestión por el Ministerio de Justicia, hubiera guardado
para sí esta competencia sobre los programas de gestión con un argumento
bastante sencillo. El Estado tiene competencia exclusiva para dictar normas de
contenido procesal; pues bien, los programas de gestión procesal son la cara
informática de esas normas procesales y están íntimamente ligados a ellas. No
se vio así y el resultado es que, Comunidad autónoma que conseguía los
traspasos en materia de Justicia se ponía a contratar una empresa para
comprarle un programa de gestión procesal propio y, por supuesto, el mejor de
todos los programas de gestión procesal, no faltaba más.
Así, pasaron los años.
Algunas CCAA, las menos decidieron no gastarse el dinero en nuevos programas y
siguieron con el del Ministerio hasta llegar a la situación actual de ocho
plataformas distintas para hacer una misma cosa. Así, que a la hora de repartir
culpas que cada palo aguante su vela. El Ministerio de Justicia perdió la
ocasión de oro de liderar la introducción de las nuevas tecnologías en la
Administración de Justicia hace muchos
años y, ahora, seguimos pagando ese error.
Blog “justicia digital”.
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