Según publican Expansión y El País, las
negociaciones, que se venían desarrollando desde hace varias semanas, se han
roto y el Ministerio estaría explorando alternativas fuera de la Administración
de Justicia.
Un año de negociaciones —y de
polémica— sobre el cambio de gestión del Registro Civil terminó este lunes con
la ruptura entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores, el
colectivo en el que teóricamente se iba a delegar el servicio que ahora
realizan funcionarios judiciales. Justicia da por definitivamente rota esa
negociación y busca ahora fórmulas alternativas (aunque aún sin descartar que
el Registro Civil pase a manos de colectivos no judiciales). El portazo se ha
producido porque los registradores se negaban a hacer ese trabajo gratis:
exigían poder cobrar aranceles a los ciudadanos por algunos trámites; y el
ministerio ya se había comprometido a mantener la gratuidad del servicio.
El Registro Civil, que tramita
cada año 1,4 millones de asuntos gratuitos para los ciudadanos —inscripción de
nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, nacionalidad, adopciones,
tutelas, cambio de apellidos— está adscrito desde el siglo XIX a la administración
de justicia. Hay un juez (o un juez de paz, estos no profesionales) al frente
de cada oficina de registro; y, en total, 4.800 funcionarios judiciales se
ocupan de esas labores (en exclusiva o compatibilizándolas con las judiciales),
según Justicia, que no precisa cuántos son jueces.
En diciembre de 2012, el
ministerio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón anunció que iba a cambiar la ley
para dejar el Registro Civil en manos de los 1.000 registradores de la
propiedad y mercantiles que hay en España, con el fin de “desatascar los
juzgados” liberándolos de ese trabajo “administrativo”. Fuentes de Justicia
aseguraron entonces que los trámites “obligatorios” para los ciudadanos —sobre
todo, inscripción de nacimientos y defunciones, el 80% del total— seguirían
siendo gratis. Distintos colectivos, sin embargo, vieron en ese anuncio el
primer paso hacia la privatización. Los registradores, como los notarios, son
un híbrido entre funcionarios públicos (dependen del Gobierno) y trabajadores
privados (se financian con aranceles).
El ministerio renunció
definitivamente, hace cuatro meses, a cobrar arancel alguno en el futuro
Registro: aseguró que todos los trámites, obligatorios o no, seguirían siendo
gratis. Así se lo dijo a los registradores, según confirman ambas partes. El
acuerdo parecía hecho en febrero —el decano del Colegio de Registradores llegó
a comunicar a sus afiliados por carta que iban a hacerse cargo del Registro
Civil—. Pero el pasado lunes, según fuentes de Justicia, el Colegio volvió a
exigir que se le permita cobrar aranceles; Justicia se negó y dio por acabada
la negociación.
Ayer, fuentes del Colegio de
Registradores se limitaron a señalar que “para prestar a los ciudadanos un
servicio público de calidad y lograr un Registro Civil más eficiente”, es
necesario asegurar, entre otras cosas, “una fuente de financiación suficiente y
vinculada a la prestación de los propios servicios del Registro Civil”.
Justicia ha roto con el Colegio
de Registradores, pero eso no quiere decir que el Registro Civil vaya a seguir
en manos de funcionarios judiciales. Responsables del ministerio afirman que
están “explorando otras fórmulas”.
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