jueves, 20 de marzo de 2014

ESPAÑA, A LA COLA EN NÚMERO DE JUECES E INVERSIÓN EN JUSTICIA



Según la Comisión estamos a la cabeza en número de casos judiciales pendientes

A la cola en materia de inversión en la Justicia y de número de jueces y a la cabeza de los Estados de la UE en número de casos judiciales pendientes de sentencia en los ámbitos Civil y Mercantil. Esta es la preocupante radiografía que hace de España la segunda edición del Cuadro de Indicadores de Justicia de la UE 2014: Hacia sistemas de justicia más eficaz en la UE, que acaba de publicar la Comisión Europea.
En concreto, nuestro país está en las últimas posiciones de la UE por número de jueces, con 11 por cada 100.000 habitantes (menor que la media de 19 por cada 100.000 habitantes de la UE). Una cifra que sólo es más baja en Irlanda, Dinamarca, Malta, Francia e Italia, según los datos barajados por la UE.
Y en materia de presupuesto dedicado a los tribunales, España ha registrado una espectacular caída desde los 90 euros por habitante que se invertían en 2010 a apenas 25 euros por habitante en el año 2012, por detrás, únicamente, de Rumanía, Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia e Irlanda, que registran resultados peores, aunque el estudio no ofrece datos de Chipre, Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Holanda y Reino Unido.
En cuanto a la pendencia en la resolución de los litigios, las cifras no son más alentadoras. Si bien nuestro país se sitúa en "la parte media de la clasificación europea" en lo que se refiere a la duración de los procedimientos, con alrededor de un año de promedio, superando a países como Francia o Finlandia, sin embargo, el número de casos pendientes "está entre los más altos de la UE". La cifra es de casi tres por cada 100 habitantes en primera instancia. Sólo registran peores resultados Italia, Croacia, Grecia, Portugal y Eslovaquia.
Por si esto fuera poco, según el estudio -que se incluye en el marco del llamado Semestre Europeo-, la Justicia española se encuentra también entre las percibidas como menos independientes de la UE por parte de empresarios de todos los sectores.
En concreto, en la Europa de los Veintiocho, España ocupa nada menos que el puesto 22.

Nuevas tecnologías
Por otro lado, explica la Comisión que, aunque ha aumentado la disponibilidad de herramientas basadas en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para los tribunales, "aún hay margen para seguir avanzando, en particular para facilitar los contactos entre los tribunales y los ciudadanos". Así, explica que en casi todos los Estados miembros se dispone ahora de mecanismos alternativos de resolución de litigios, mientras que en la mayoría de ellos se realiza un seguimiento y evaluación de las actividades judiciales.
A este respecto, el informe sitúa a España "en la parte media del marcador en cuanto al uso de tecnologías de la información para el registro y la gestión de casos". Eso sí, denuncia la escasa participación de los jueces en actividades de formación continua y en materia de derecho de la UE o en derecho de otros Estados miembros, que es menor al 10 por ciento.
Justicia demorada es Justicia denegada
Con estos datos, la vicepresidenta Viviane Reding, comisaria de Justicia de la UE, ha señalado su preocupación por que "la Justicia demorada es Justicia denegada" por lo que ha explicado que este Marcador "es una herramienta clave dentro de la estrategia económica de la UE , lo que permite la justicia más eficaz para los ciudadanos y las empresas". En su opinión, "un buen funcionamiento del sistema de justicia independiente es esencial para ganar la confianza de los ciudadanos y los inversores, y son indispensables para la confianza mutua en el espacio judicial europeo".
El Cuadro de Indicadores de 2014 se centra en asuntos civiles y mercantiles contenciosos y utiliza los mismos parámetros que los de 2013, incluido el tiempo necesario para resolver los asuntos ante los tribunales, el índice de resolución de asuntos, el número de asuntos pendientes, la utilización de medios electrónicos para tramitar los asuntos, el recurso a vías alternativas de resolución de litigios, la formación a disposición de los jueces y los recursos para los tribunales.

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