TRES AÑOS DE RECORTES EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA. Y…. SEGUIMOS¡¡

La gran estafa del Gobierno Andaluz a sus empleados y a la ciudadanía se consolida con los presupuestos 2014

El Presupuesto General de la Junta de Andalucía para 2014 constituye una nueva afrenta del Gobierno andaluz contra los derechos básicos de sus trabajadores, al tiempo que representa una vuelta de tuerca más contra la línea de flotación de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma.
FEP-USO Andalucía denuncia los recortes económicos y de derechos sociales que incluye el texto aprobado ayer, 19 de diciembre, con el voto mayoritario y connivente de PSOE-IU, los socios del cogobierno autodenominado de izquierdas y que, sin embargo, consolida una gran estafa al pueblo andaluz. Para este sindicato, los presupuestos de 2014 ratifican una estrategia antisocial y antidemocrática emprendida por la Junta de Andalucía con la aprobación de la Ley de Reordenación del sector público y el Decreto Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y Laborales para el reequilibrio económico y financiero.
La Ley de Reordenación del sector público andaluz, aprobada en 2011, atenta contra la estabilidad laboral y contra la Constitución, al dar carta de legalidad al mastodonte de la Administración paralela. Su aprobación sentó las bases para la privatización y mercantilización de la Administración y los servicios públicos.
En 2012, el Decreto Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y Laborales para el Reequilibrio Económico-Financiero de la Junta de Andalucía amplió esta estrategia de ataque a los empleados y servicios públicos andaluces, que se concretó a través de la Ley de Presupuestos de 2013, y ahora se consolida con el Presupuesto 2014.

Recortes adicionales en Andalucía
Los funcionarios y empleados públicos de la Junta de Andalucía vienen sufriendo un doble expolio de sus recursos y sus derechos. El provocado por el ataque de austeridad que inauguró el gobierno Zapatero en mayo de 2010 y ha continuado el gobierno Rajoy en 2012 y 2013. Y el expolio sobrevenido por los recortes adicionales impuestos por su gobierno autonómico, muy por encima de los establecidos en otras comunidades autónomas.
Como el resto de empleados públicos españoles, padecen la pérdida continuada de poder adquisitivo, -que supera ya el 30 % en la última década-, y la eliminación de la paga extra de diciembre de 2012, en paralelo a la ampliación de la jornada laboral y a la pérdida de los moscosos. Pero, además, los empleados públicos andaluces soportan la imposición arbitraria de un duro PLAN DE AJUSTE que, por segundo año consecutivo, ha llevado la austeridad a los pilares fundamentales del estado del bienestar, y ha repercutido en las condiciones laborales de este colectivo con medidas tales como:
1. Reducción en un 10% de la jornada y salario del personal interino y laboral temporal.
2. Eliminación de las ayudas de acción social.
3. Rebaja en un 10% de las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable /productividad, incentivos al rendimiento y consecución de objetivos).
4. Supresión de los pluses de peligrosidad, toxicidad y penosidad.
5. Recorte de las pagas extras en 2013, con la eliminación de los complementos específicos.
6. Disminución en un 5 % de las retribuciones periódicas brutas anuales de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
7. Suspensión de las jubilaciones anticipadas y de las ofertas públicas de empleo, con alguna salvedad por estrategia de efectos mediáticos y populistas.
8. Despido de interinos y no contratación de docentes, personal sanitario y de justicia.
9.- Nula inversión en infraestructuras básicas, principalmente en materia de Justicia.
Toda esta batería de recortes de derechos consolidados, no sólo se mantiene en el Presupuesto de la Junta para 2014, sino que se amplía.

¿Dónde está el ahorro?
Ante este desolador panorama, desde FEP-USO Andalucía nos preguntamos:
-¿Dónde está el ahorro en reducción de vehículos oficiales, dietas y otros privilegios que perciben los altos cargos de la Administración oficial y paralela, así como los parlamentarios?
-¿Dónde está el ahorro en las nóminas, planes de pensiones privados y productividades elevadísimas a altos cargos de la administración y directivos de empresas públicas?
-¿Dónde está el ahorro si los diputados del Parlamento andaluz se autoexcluyen de los recortes salariales de los últimos años?
-¿Dónde está el ahorro en las gratificaciones, extras y productividades para sus cargos de confianza, en las multimillonarias inversiones en publicidad y propaganda o en telefonía y medios electrónicos para mantener a sus señorías conectados a las nuevas tecnologías 24 horas?
-¿Dónde está el ahorro si siguen privilegiando a sindicatos y organizaciones afines y, supuestamente malversadores del dinero público, con prebendas, ayudas y subvenciones que niegan a trabajadores y emprendedores?
-¿Dónde está el ahorro si, mientras despedimos interinos, orientadores y personal necesario en la gestión diaria, mantenemos más de 300 entes paralelos absolutamente prescindibles por innecesarios e ineficaces?.
Mientras se recortan plantillas en sanidad y educación y se impaga la dependencia se mantienen altos cargos y se incrementa sus privilegios
La educación, la sanidad y los servicios sociales son los sectores más afectados por una estrategia de salida a la crisis del co-gobierno PSOE-IU, que “vende” como “solidaria” con los más desfavorecidos, pero que constituye en la práctica una gran estafa, porque empobrece al grueso social mientras enriquece aún más a una élite política, sindical y empresarial.

En este sentido, FEP USO ANDALUCÍA denuncia que:
- La Administración andaluza mantenga en nómina a casi 3.000 puestos de libre designación.
- Se haya duplicado la cantidad percibida en concepto de productividad por los directivos de los centros y altos cargos de Sanidad y Educación. En el SAS, 451 directivos percibieron en concepto de productividad en 2012 entre 2.508 y 9.798 euros.
- Al colectivo vip de la Junta se haya dedicado en exclusiva este año 40 ‘’itinerarios formativos” para motivar y mejorar sus capacidades directivas a través de preparadores personales, lo que ha supuesto un coste añadido al presupuesto público cercano a los 300.000 euros.
- Los diputados andaluces se hayan restituido la extra que la Junta quitó a los funcionarios en diciembre de 2012 y los mismos grupos parlamentarios se hayan repartido 654.000 euros adicionales en concepto de compensación por gastos electorales del año anterior.
- La Junta mantenga más de 300 entramados semipúblicos hacia los que desvía cada año más porcentaje del presupuesto público –5.000 millones de euros en 2014- y en los que se mantienen los altos cargos venidos a menos del partido socialista, y otros allegados.
- Más de 30.000 personas se han reconocido insertadas en los entes instrumentales, percibiendo, en su mayoría, salarios muy por encima de lo que reciben los funcionarios de carrera, y sin funciones específicas en muchísimos casos, con el único mérito de poseer carné socialista o ugetista o ser allegados .
Ante todo ello, FEP-USO Andalucía lamenta que la excusa de la crisis continúe siendo el argumento persistente, en un gobierno que se llama de izquierdas, para suspender de cuajo servicios básicos en los ámbitos sanitario, educativo y asistencial; erradicar las ayudas en el sector de la dependencia y la cultura y hacer desaparecer las inversiones en infraestructuras.
- Todo ello el mismo ejercicio presupuestario -2013- en que la Junta de Andalucía ha eliminado de un tajo las ayudas sociales a su plantilla de personal, después de tres años de impagos de prestaciones ya concedidas y publicitadas en BOJA; después de no convocar oferta de empleo público en 2011 ni en 2012 en la Administración General y de que la oferta 2013 raye el ridículo (371 plazas).
- Todo ello durante el mismo ejercicio presupuestario, 2013, en que la Junta ha reducido en más de 16.000 sus empleados, el mayor recorte al empleo público de todas las autonomías y que afecta en un 88 por ciento a Educación y Sanidad.
o 5.000 interinos menos contratados en Educación en los dos últimos cursos académicos –un 4,6 por ciento de la plantilla de la enseñanza pública.
o En torno a 3.000 profesionales menos en Sanidad, un 7,3 por ciento del total.
o En Justicia, casi 600 empleados menos.

La UNIÓN SINDICAL OBRERA, como sindicato de clase que apuesta por la honradez, la transparencia y lo público, va a seguir denunciando las tropelías que se vienen perpetrando en Andalucía desde su propio gobierno, a través del fraude continuado a los trabajadores y a la sociedad, en general. Un fraude que PSOE e IU han decidido mantener con el presupuesto aprobado por ambos para 2014.