Alertan que residenciar todos los juzgados
en las capitales de provincia aleja la Justicia del ciudadano.
Todos los grupos en la oposición se oponen
a los planes del Gobierno, evidenciados en el borrador de expertos hecho público
por el Ministerio de Justicia, para renovar la ley de Demarcación y Planta
Judicial eliminando los actuales partidos judiciales y concentrando los órganos
en las capitales de provincia.
Así ha quedado acreditado este miércoles
durante el Pleno del Congreso, donde se han discutido dos Proposiciones No de
Ley (PNL), una del PSOE y otra del BNG, que defienden la retirada de estos
planes por considerar que, lejos de acercar la justicia al ciudadano, se camina
en sentido contrario llegando a poner en peligro la tutela judicial efectiva
consagrada en el artículo 24 de la Constitución.
Los grupos nacionalistas, por su parte,
dan un paso más allá y reclaman que las competencias sobre los partidos
judiciales se transfieran a las comunidades autónomas, mientras que el diputado
del PP José Miguel Castillo Calvín se ha quedado solo defendiendo el proyecto
ministerial.
No obstante, el parlamentario popular ha
propuesto una enmienda, que ha sido rechazada por el resto, consistente en
instar a que en la elaboración del proyecto de Ley de reforma de la Ley de
Demarcación y Planta "se tengan en cuenta las especificidades geográficas,
sociales y económicas propias de las diferentes Comunidades Autónomas, de modo
que se diseñe una estructura organizativa judicial que sea flexible, moderna y
especializada".
"Golpe mortal" a la modernización
El diputado socialista Gabriel Echávarri,
que ha defendido la PNL durante el Pleno de la Cámara Baja, ha señalado que los
planes expuestos hasta el momento por Justicia como borrador de expertos
atestan "un golpe mortal" al proceso de modernización que llevo a
cabo en su día el Gobierno socialista.
Según Echávarri, de cumplirse los planes
expuestos por los expertos de los 431 partidos existentes un total de 379 se
encuentran "en riesgo de desaparición y esto es grave para el servicio de
la administración de justicia, especialmente en el ámbito rural. En algunos
lugares, como la Comunidad Valencia, se pasaría a de 33 a 3 sedes de los
juzgados para todo el territorio.
"¿Qué cabe esperar de un ministro que
dice que las tasas favorecen el acceso a la justicia y acercan la justicia a
los ciudadanos?", ha añadido el diputado del PSOE por Alicante, que ha
recordado la supresión de jueces sustitutos y ha señalado que "ahora le
llega a su turno a los jueces de paz".
Por su parte, la diputada del BNG(Grupo
Mixto) Olaia Fernández Dávila, ha expresado igualmente su oposición al proyecto
y ha puesto de manifiesto que "en Galicia es evidente que el camino no es
el de la reducción de juzgados" y que de hecho se necesitan más en este
territorio, teniendo en cuenta los cambios demográficos de las últimas décadas.
De ir adelante de esta propuesta, ciudades
como Ferrol, Vigo o Compostela se verían privados de dependencias judiciales,
según ha advertido esta diputada, lo que aleja el servicio público de múltiples
poblaciones en dicho territorio.
Este partido propone que el camino sea el
inverso, de modo que se transfieran las competencia sobre la demarcación
judicial a la comunidad autónoma, postura en la que ha coincidido durante su
intervención la diputada de Esquerra Republicana Teresa Jordá.
Esta última ha señalado que dicha
propuesta de transferencia "choca" con la idea del Gobierno, que es
"centralista y homegeneizadora", y ha solicitado que en vez de modificar
la actual estructura judicial se avance hacia el expediente digital y la
aplicación efectiva de las nuevas tecnologías.
Igualmente ha evidenciado su oposición a
la desaparición de los partidos judiciales el diputado del PNV Emilio
Olabarría, que ha vaticinado situaciones de "colapso" en Bilbao o
Vitoria si en este territorio desaparecen los juzgados radicados en grandes
poblaciones vascas.
"No podemos permitirnos el lujo de
ser el país de la Unión Europea con menos jueces por cada 100.000 habitantes, y
la reforma de la planta va por ahí -ha añadido el diputado nacionalista vasco-.
Se llegan a vulnerar competencias autonómicas en materia de Justicia"
Rosa Diez, de UpyD, se situó en esta misma
postura y reclamó que se atienda a las peculiaridades geográficas de cada zona,
mientras que Gaspar LLamazares, de Izquierda Plural, criticó que el Ministerio
utilice la práctica de difusión de un informe de expertos previo a la
presentación de su proyecto eliminando cualquier e diálogo político y
negociación.
Para LLamazares, la Ley de Demarcación y
Planta es "una ley Gallardón en estado puro", que invierte las
prioridades pues evidencia una preocupación por la Justicia como poder en vez
de servicio público.
Finalmente, la diputada de CiU Mercé Pigem
ha solicitado al Gobierno que antes de presentar su texto tenga en cuenta
"las opiniones de peso, quienes tienen la realidad judicial
cotidiana" como son los abogados y procuradores y también los
ayuntamientos, a los que habrá que explicar que la alternativa "no va a
tener en cuenta la proximidad, sino que va a consistir en centralizar el
servicio público de la justicia en las capitales de provincia.
Por su parte, Castillo Calvín ha recordado
que la actual estructura judicial es de 1988 y "dista cada vez más de las
necesidades de una organización judicial moderna y del mapa demográfico
actual".
Ha explicado que el cambio que se propone
no lo es sólo con relación al número de habitantes, sino esencialmente por
"la mayor densidad y complejidad de las relaciones sociales"
"Además, un concepto tan básico como
el de la territorialidad ha sido superado, y en muy buena medida, gracias al
desarrollo de las nuevas tecnologías y a la creación de espacios
integrados", ha defendido el diputado popular.
Información del “ELDERECHO.COM”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario