La jueza les acusa de malversación de fondos públicos y no les atribuye ningún enriquecimiento personal.
La jueza Mercedes Alaya dejó anoche en libertad con cargos a los dirigentes sindicalistas de UGT y CC OO detenidos en la 'operación Heracles' del caso de los ERE fraudulentos. El secretario general de UGT de Cádiz, Salvador Mera, y el exsecretario de Desarrollo Industrial de CC OO en Andalucía, Roberto Carmona, han sido acusados de malversación de fondos públicos. La magistrada les ha impuesto, a petición fiscal, una fianza civil de 248.752 euros a cada uno. Ninguna de las partes les ha pedido prisión preventiva. Medio centenar de sindicalistas de CC OO y UGT compañeros de Mera y Carmona les recibieron con gritos de «libertad, libertad» y aplausos al salir estos de los juzgados pasadas las 11 de la noche. Los sindicalistas estuvieron apostados frente a los juzgados desde la mañana en protesta por la detención.
Alaya ha rebajado las acusaciones en principio realizadas por la Guardia Civil. Esta imputaba a ambos los delitos de malversación y tráfico de influencias. A Mera le acusaba también de falsedad documental. La magistrada no le atribuye ningún enriquecimiento personal a ninguno de los dos, pero sí que negociaron una participación para sus respectivas organizaciones sindicales en las sobrecomisiones presuntamente ilegales que la intermediaria Uniter recibió de la Junta de Andalucía por la mediación en el expediente de regulación de empleo de la Faja Pirítica de Huelva. La magistrada considera que las organizaciones sindicales se financiaban de forma irregular con su participación en los ERE pagados por la Junta y recuerda que llegaron a percibir de esta forma 7,6 millones de euros.
Según el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Mera y Carmona negociaron directamente con José González Mata, dueño de Uniter e imputado en la causa, el cobro de 180.000 euros para sus sindicatos por la mediación en el ERE, en plazos de 60.000 euros cada año, «con pleno conocimiento de la ilicitud de los mismos». Mera reconoció esta negociación y el cobro, a través de Temiqui, la aseguradora de UGT a nivel nacional, del dinero mencionado. UGT y CC OO defienden como legal el cobro de comisiones por su gestión y trabajo sindical en los ERE. Explican que el cobro se hace a las empresas, pero que en el caso de la Faja Pirítica estas habían desaparecido y la Junta de Andalucía asumió todos los gastos. Este ERE costó a la Junta 119 millones de euros.
Mera y Carmona eran los únicos detenidos al cierre de esta edición que habían prestado declaración ante la jueza Mercedes Alaya. La magistrada siguió en la madrugada de hoy interrogando a los restantes arrestados, casi todos acusados por la Guardia Civil de los delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Es el caso del gerente del hotel Don Pedro de Torremolinos, Ángel Quesada del Valle, detenido el martes en esta localidad y a quien la Guardia Civil le acusa también de falsedad documental.
Los mismos delitos, salvo falsedad documental, que imputa a Gerardo de la Cruz, director de la sucursal de la caja San Fernando en Cazalla en la Sierra Norte de Sevilla y también apresado en Málaga y al cargo del PSOE Enrique Rodríguez.
Regalos
El atestado de la Guardia Civil incluye un listado de personas a las que el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, imputado en el caso, pudo haberles enviado regalos, aunque no especifica estos ni las contraprestaciones, si las hubo, que pudiera haber obtenido. En este listado aparecen tanto el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, principal imputado, como dirigentes sindicales y cargos políticos. Entre ellos aparecen el director general de Trabajo de Castilla yLeón en 2007, Miguel Ángel Díez Mediavilla (PP), y el jefe de Relaciones Laborales de esta comunidad.
Fuente: Ideal.es noticia
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