El caso de los Ere acumula ya una veintena de sindicalistas imputados‏

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La caja registradora de los ERE pasa factura judicial a los sindicatos. A lo largo de una década (2001/2010), las empresas intermediarias Uniter y Vitalia repartieron dividendos entre UGT y Comisiones Obreras por participar en el «negocio» de la tramitación de ayudas de la Junta de Andalucía para prejubilados. Con la redada desplegada desde el pasado martes para seguir el rastro al dinero entregado en «sobrecomisiones» ilícitas, la onda expansiva de los ERE ha golpeado de lleno al corazón de ambas centrales.

Con la operación bautizada como «Heracles II», ocho sindicalistas (dos de ellos fueron detenidos) pasaron a engrosar la lista de la mayor causa contra la corrupción en España. De los 161 imputados que acumula(45 más desde el martes), 19 pertenecen o han formado parte de ambas organizaciones, la mayoría ocupando puestos de responsabilidad. Aparte, una decena de familiares de sindicalistas se han beneficiado de rentas subvencionadas tras ser colados como intrusos en expedientes de regulación de empresas, muchas de ellas solventes, donde no habían trabajado y están implicados en el proceso que abrió la juez Mercedes Alaya hace casi tres años.

Conseguidor de ayudas

En la cúspide de la metafórica pirámide de responsables del «saqueo» de fondos públicos que la magistrada va escalando, auto a auto, ocupa un lugar destacado Juan Lanzas Fernández, el comisionista por antonomasia, que está encarcelado desde marzo. El secretario general de la Federación de Alimentación en Andalucía desde 1997 a 2002 se recicló como conseguidor de ayudas millonarias gracias a su agenda de contactos en la antigua Consejería de Empleo. Tenía línea directa conFrancisco Javier Guerrero, el director de Trabajo que firmaba las resoluciones. Hizo una fortuna valorada en 13 millones de euros embaucando a empresarios y delegados sindicales sobre las ventajas de los despidos subvencionados. Tres cuñados suyos están imputados, dos de ellos por su inclusión en el ERE de Dhul y un tercero, Ismael Sierra, como testaferro en una empresa tapadera para blanquear supuestamente el dinero obtenido en las sobrecomisiones.

Los sindicatos tuvieron un papel activo en la trama y presionaron para la inclusión de intrusos en el ERE de Calderinox. Por colar a un falso trabajador están imputados el secretario general de la federación de Industria, Enrique Jiménez, y el responsable sindical en Sevilla, Juan Antonio Caravaca. La Guardia Civil ha detenido a Salvador Mera, secretario general de UGT de Cádiz y exconsejero de la aseguradora Temiqui SA, que recibió más de 600.000 euros en comisiones por gestionar ERE, y a Roberto Carmona, exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO.-A.

Pero la lista de imputados incorpora otros nombres, a los que se unirán más a medida que avance la instrucción: el histórico dirigente cordobés de CC.OO. Francisco Casado y de su hermano, José Manuel, vinculado hasta 2008 al mismo sindicato; Juan Antonio Florido García, exsecretario de Organización de la Federación de Industrias Textil, Químicas y Afines de CC.OO.; Diego Guerrero, exdirigente de la Federación de Construcción, Madera y Afines de CC.OO., y Damián Jiménez, exlíder de la Federación Agroalimentaria de Jaén del mismo sindicato.

También están imputados el «ugetista» Luis Javier García de los Reyes, exresponsable de la sección agroalimentaria de la UGT jiennense como prejubilado de Cárnicas Molina. Su esposa fue perceptora de otra póliza irregular en Hitemasa. Otros sindicalistas que arrastran el estigma de la corrupción son Antonio García Márquez, exedil de IU en Almonte y miembro de CC.OO., dos exdelegados de UGT en Promi, incluidos ilegalmente en el ERE de Saldauto, y el diputado andaluz del PSOE hasta la pasada legislatura, Ramón Díaz, que fue secretario de la federación del Metal de UGT.

Eran la «llave» de los ERE

UGT y CC.OO. cobraron, ya sea a través de federaciones o mediante sus agencias de corretaje de seguros, hasta 7,6 millones de euros. Una cifra que impacta de lleno en el descrédito de los sindicatos, que niegan haber cobrado «ni un duro» de las aseguradoras. Otros cargos sindicales contradicen el argumentario de sus dirigentes regionales. Félix Gonzalez Argüelles, administrador de la aseguradora ITG, confesó a la Guardia Civil que «ha escuchado que esta mediadora [en alusión a Vitalia] iba ofreciendo dinero a todos los actores que participaban en la tramitación de expedientes, ya sean sindicatos o empresarios». Para los investigadores, UGT y CC.OO. eran la llave que abría las puertas a los ERE «asumiendo prácticas irregulares para el aseguramiento de esa participación».