Las jubilaciones voluntarias de
funcionarios se triplican en 2012 coincidiendo con la supresión de la paga
extra de Navidad a los empleados
públicos.
El Gobierno sopesa prohibir el retiro
anticipado de los empleados públicos por su elevado coste económico.
El
año pasado cerca de 14.000 funcionarios decidieron dejar atrás su carrera
laboral e iniciar una nueva vida como jubilados antes incluso de alcanzar la edad
legal de jubilación de 65 años.
El
Régimen de Clases Pasivas, en el que se encuadran alrededor de un millón de
servidores públicos, principalmente trabajadores de la educación, la justicia,
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las fuerzas armadas, permite
jubilarse voluntariamente al alcanzar los 60 años de edad, siempre y cuando se hayan
completado 30 años de servicio. Si la carrera laboral llega a 35 años, el
funcionario puede jubilarse además sin ningún tipo de penalización económica,
es decir, con el 100% de su haber regulador.
Este
beneficio social venía siendo utilizado antes de la crisis por unos 2.000
empleados públicos cada año, según los datos recopilados por la Federación de
Servicios Públicos de UGT a partir de la información publicada por el Ministerio
de Hacienda.
Con
la crisis este flujo prácticamente se duplicó hasta el entorno de los 4.000 o
5.000, pero lo que ocurrió en 2012 no tiene precedentes. Si en 2011 se
jubilaron anticipadamente 5.647 empleados públicos, el año pasado esa cifra se
disparó hasta los 13.972.
¿Qué
ha ocurrido? Según el sindicato UGT, el fenómeno es una clara muestra de la desmotivación
a la que las políticas de recortes de los dos últimos gobiernos han condenado a
los empleados públicos...pero también de la incertidumbre creada sobre el
colectivo.
En
2012 coincidieron dos anuncios inquietantes para los funcionarios por parte del
Gobierno.
Por
un lado, en julio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
anunció la supresión irrevocable de la paga extra de Navidad para todos los
empleados públicos españoles, los estatales, los autonómicos y los de la administración
local.
Más
cerca del final del año, el Ejecutivo envió su propuesta de reforma de
pensiones a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, en la que planteaba prohibir
el derecho a la jubilación anticipada de los funcionarios
públicos.
Los
sindicatos admiten que este contexto hostil ha podido tener una influencia
esencial en el incremento exponencial del número de funcionarios que han
decidido irse a su casa antes de tiempo.
Entre
otras cosas porque jubilarse anticipadamente pasa su factura. Para empezar si
el funcionario ha cotizado menos de 35 años su pensión se ve reducida en un
porcentaje que puede llegar hasta el 20% (en el caso de sólo haber cotizado
30), a lo que se une un singular sistema de cotización que penaliza a los
trabajadores con sueldos más bajos y del que resultan pensiones medias más
reducidas que las del sistema general, según los sindicatos.
Restringir las jubilaciones
anticipadas
Muchos,
incluso, han podido tomar la decisión para evitar que se les pudiera cerrar la
puerta en el futuro.
La
propuesta de reforma de las pensiones que el Ministerio de Empleo
remitió al Pacto de Toledo el pasado mes de diciembre instaba a
la comisión parlamentaria a valorar si, en el actual momento de dificultades
económicas, se debía permitir que los empleados públicos se jubilasen
anticipadamente de manera voluntaria.
Empleo
recordaba a sus señorías el elevado coste que supondría para las ya castigadas
arcas del Estado y de la Seguridad Social autorizar esta medida.
Los
datos, como mínimo, avalan el debate. En un contexto de congelación de los
salarios públicos y las ofertas públicas de empleo, la única rúbrica de los
gastos de personal de la Administración del Estado que continúa creciendo es la
referente a las prestaciones del sistema.
A
mes de agosto de 2013, últimos datos disponibles, ese capítulo crecía un
5,8% nada menos, generando un sobrecoste a las arcas estatales de 414 millones
de euros, que Hacienda atribuye "al aumento neto del colectivo de
pensionistas y al incremento del 1% de las pensiones.
A
día de hoy, los únicos empleados públicos que pueden jubilarse anticipadamente
de manera voluntaria son los que están enmarcados en el Régimen de Clases
Pasivas.
Sin
embargo, la figura de la jubilación anticipada y parcial para el conjunto de
los empleados públicos sí que está reconocida en el Estatuto Básico de la
Función Pública, aprobado hace ya cinco años, y únicamente está pendiente de su
desarrollo reglamentario.
Es
aquí donde el Gobierno quiere centrar el debate. Consciente de las dificultades
que tendría retirar ese derecho a quienes ya lo disfrutan, su objetivo es
evitar que se extienda al resto de empleados públicos que están encuadrados en
el Régimen General de la Seguridad Social.
"Habría
que valorar si la jubilación anticipada por voluntad del trabajador se extiende
o no a los empleados públicos, teniendo en cuenta el coste que supone
para la Seguridad Social, la eventual incidencia de jubilaciones masivas en el sector
público o el precedente de aplicación de fórmulas similares, respecto de otras
figuras como la jubilación parcial", subraya el documento.
Según
la INFORMACION.COM
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