La Junta prevé aprobar a finales de año el Decreto que renueva la
organización en los juzgados para mejorar la eficacia en la gestión.
FUENTE: JESÚS GUERRERO CÁDIZ |
ACTUALIZADO 02.09.2013 - 05:01. DIARIO DE JEREZ
"La estructura actual ha
quedado obsoleta". Así de tajantes se manifiestan los que defienden que la
congestión de los juzgados no se resuelve con la creación de nuevos órganos,
sino que al contrario de lo que se pretendía, vuelven a producir retrasos que convierten
el problema en algo endémico. La solución pasa por un cambio en los
procedimientos administrativos de la Justicia que doten de capacidades para una
nueva gestión más eficaz.
Con ese objetivo nace el proyecto de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal que se
encuentra en fase de borrador en Andalucía. La Consejería quiere tenerlo
aprobado antes de final de año. Desde principios de julio está abierto el
procedimiento administrativo, que concluirá el 16 de septiembre con el fin del
trámite de audiencia en el que los órganos con intereses y derechos que se vean
afectados por el nuevo Decreto pueden presentar cuantas observaciones estimen
oportunas. Para ello cuentan con un formulario para la Presentación Electrónica
General.
El Decreto modificará la estructura actual de los juzgados andaluces. Sin
embargo, a pesar de los pasos administrativos, los cambios organizativos no son
negociables por el Gobierno regional, sobre todo porque el proyecto de Oficina
Judicial y Fiscal que va a implantarse está instalado y probado ya en el
'territorio Ministerio', es decir, aquellos lugares en los que no están
transferidas las competencias en la Administración de Justicia.
Se trata, por tanto, de un modelo importado, en el que solo haría falta
corregir los errores comprobados en otros juzgados y adaptarlo a las
peculiaridades de la región.
La finalidad que persigue esta nueva estructura es mejorar la gestión del
tiempo, el trabajo en equipo, la eficiencia y la eficacia, lo que conllevaría
si se consigue plasmar en la realidad una reducción de los costes económicos.
Uno de los motivos que llevan a este cambio procedimental es el evitar el
'vuelva usted mañana' en la Administración de Justicia. Si un funcionario se va
de vacaciones, un procedimiento no puede quedar parado. El nuevo método de
trabajo esquiva la relación entre trabajador y proceso, convirtiéndola entre
equipo y procesos judiciales.
Los servicios comunes que existen en la actualidad son el germen que debe
desarrollarse para conseguir los objetivos de esta reforma. Este departamento
se encarga de las diligencias de calle, es decir, de las notificaciones,
citaciones, desahucios o embargos, lo que tiene que ver directamente con el
ciudadano. De este modo se descarga de trabajo al resto de funcionarios. Otra función
encargada al servicio común en vigor es la de decanato, en cuanto a recepción y
reparto de documentación.
Reforzar con nuevas funciones y empleados el servicio común de los juzgados es
la piedra angular de la Nueva Oficina Judicial. Así, la ordenación del
procedimiento o la ejecución pasarán a ser gestionados por este servicio en
lugar de por las oficinas de cada juzgado. Se convierte, por tanto, en una gran
oficina central que reparte, gestiona, tramita y ejecuta el trabajo que se
desarrolla en los diferentes órganos judiciales.
Un juzgado contará tan solo con una Unidad Procesal de Apoyo Directo, en el que
estarán adscritos, aparte del juez o magistrado, un secretario judicial -que
puede a su vez coordinar varias unidades- y un número aún por determinar de
funcionarios que irá en función también de la carga de trabajo, pero que a modo
de media podría quedar concretado en uno de gestión y dos encargados de
tramitación. Estos verán reducida su carga de trabajo debido a las funciones
que se atribuyen desgajadas a los nuevos Servicios Comunes Procesales, que se
dividirían en el Servicio Común Procesal General, de Ordenación del
Procedimiento y de Ejecución. En los partidos judiciales en los que no haya
separación de jurisdicciones, es decir, en los que solo acogen juzgados de
Primera Instancia e Instrucción, se creará un Servicio Común de Partido
Judicial que desarrollará todas las atribuciones.
La reforma recoge otra novedad consistente en la creación de delegaciones en
los centros penitenciarios, en los que se pueden ubicar plazas de funcionarios
que complementen los servicios de comunicación seguros implementados
recientemente por la Consejería y que redundaría en el ahorro de tiempo y
costes de transporte.
La puesta en funcionamiento de esta nueva estructura se hará de modo escalonado
y gradual. La previsión es que comience a entrar en vigor primero en partidos
judiciales pequeños que cuenten con edificios preparados. Esto quiere decir que
sea una sede única que integre a los diferentes órganos judiciales del partido.
La dispersión de sedes y las infraestructuras carentes de espacios dificultan
su implantación. Los pioneros a nivel regional están llamados a ser en el
primer semestre de 2014 los partidos judiciales de Vélez-Málaga y El Ejido, en Almería.
La oficina fiscal dará sus primeros pasos en la Fiscalía de Sevilla. La Sala de
lo Civil y lo Penal y la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía también conocerán pronto del nuevo procedimiento. En
cuanto a la provincia de Cádiz, aún no existen ni plazos ni lugares concretos y
probablemente no se tendrán noticias antes de finales del próximo año.
Los partidos judiciales que mejor responden al perfil que busca la Consejería
para arrancar la nueva oficina son los de Arcos y Sanlúcar. Sin embargo, existe
un paso previo que requerirá de negociación con los sindicatos del sector. Para
la adaptación a la estructura de la nueva oficina es necesario que previamente
se realice una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) a nivel provincial. Esto no
significa que se produzcan despidos o recortes de plantilla. De hecho, la
experiencia refleja que es necesario el nombramiento por vía de refuerzo de
funcionarios a la hora de albergar el cambio estructural. Lo que sí cambiará la
reforma en un buen número de puestos es el juzgado al que esté adscrita la
plaza, ya que irán saliendo las ofertas a medida que se vaya implantando en los
diferentes partidos judiciales.
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