viernes, 13 de septiembre de 2013

JUZGADOS ANDALUCES: SOPORTAN MÁS CARGA DE TRABAJO, MÁS MACROPROCESOS MENOS INVERSIÓN, Y SIN EMBARGO LOS MÁS PRODUCTIVOS



Según datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al año 2012, la media nacional se sitúa en los 1.735 asuntos por juez y año. En virtud de las estadísticas que ha hecho públicas el Consejo General del Poder Judicial, Andalucía se sitúa a la cabeza en carga de trabajo, con 2.160 asuntos por juez y año, seguida de Madrid, con 2006; Valencia con 1963 y Cataluña con 1795. Por debajo de la media se sitúan las comunidades de La Rioja con 1046 asuntos por juez y año, Asturias con 1191 y País Vasco con 1295.

Pero estas cifras, son la media de asuntos por juez y año, lo que implica que en nuestra comunidad habrá Juzgados donde se supere esa cantidad de 2.160 asuntos por Juzgado y año.

La situación en Andalucía se presenta aún más sangrante, si se tiene en cuenta que hace unos meses el mismo órgano de Gobierno del Poder Judicial, solicitaba al Ministerio de Justicia medidas de apoyo para los juzgados en atención al número de asuntos de especial complejidad que conocen, en cuyo “Ranking” también se sitúa a la cabeza Andalucía. En concreto, en el estudio realizado por el Servicio de Inspección del Consejo, se mencionaba que 100 juzgados en Andalucía tramitan 656 causas complejas, destacando otras comunidades como la Valenciana, con 280 asuntos de esta índole, Cataluña con 215, Canarias con 197 y Madrid con 181.

Vistos los datos numéricos y los medios materiales y estructurales con los que se desarrolla la actividad judicial diaria en Andalucía, no es de extrañar que la Justicia sea lenta, tanto como lo son los obsoletos equipos informáticos y los programas y aplicaciones con los que trabajan los funcionarios de esta Administración en Andalucía. Las cifras lo corroboran. Según el informe estadístico del Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad Autónoma que menos invirtió en Justicia en 2012 fue Navarra con 47’3 euros por habitante, una de las comunidades con menor tasa de litigiosidad de España (141’8). Pero Andalucía, con la mayor tasa de litigiosidad del país (222) su inversión supuso 48’3 euros por habitante, la segunda más baja del Estado, como se ilustra en el cuadro comparativo que adjuntamos.

Y pese a ello, según la Memoria de 2012 del TSJ Andalucía, la tasa de resolución fue del 1’01, lo que indica que se resolvieron en todos los órdenes jurisdiccionales más asuntos de los ingresados, luego podemos afirmar con orgullo que los funcionarios de Andalucía son los más productivos de España, especialmente si se tiene en cuenta que la proporción de jueces y funcionarios por habitante también es de las más bajas del país.


Sin embargo, estamos hartos de escuchar en declaraciones de nuestros políticos responsables del ramo, que el retraso en la Justicia no se soluciona con una mayor inversión, sino en la reestructuración de efectivos personales, es decir, “desvestir a un santo para vestir a otro”. Pero, ¿no creéis que si la misma inversión que se realiza en la Administración de Hacienda en equipos informáticos, en coordinación entre las distintas delegaciones de toda España y en programas y aplicaciones informáticas, fuera la misma en la Administración de Justicia, tendríamos una Justicia más ágil y eficaz?, ¿será que nuestros gobernantes están más interesados en que los ciudadanos no puedan esquivar a la acción de Hacienda (acción recaudatoria), que los delincuentes a la acción de la Justicia?, especialmente si se tiene en cuenta que en esos casos de especial complejidad de los que hablaba el Consejo General del Poder Judicial se integran los casos de corrupción, malversación, tráfico de influencias...en definitiva, asuntos en los que se ven involucrados cargos públicos.

Y vistas las causas cada día más numerosas abiertas contra políticos, ¿realmente les interesa a nuestros políticos y gobernantes que la justicia sea ágil?. Esa insistencia en hacer recaer el peso del retraso de resolución de asuntos judiciales en la mala distribución de efectivos, que no se engañe nadie, no es sino una cortina de humo para ofrecer a la opinión pública una preocupación e implicación sobre la situación de la Justicia en España, con la que envuelven su verdadero desinterés en solucionar las deficiencias de los juzgados españoles y eludir su responsabilidad en este terreno.


COMUNIDADES AUTÓNOMAS
TASA DE LITIGIOSIDAD
ASUNTOS POR JUEZ Y AÑO
ASUNTOS DE ESPECIAL COMPLEJIDAD
OTROS MACROPROCESOS
JUECES POR CADA 100.000 HAB
INVERSIÓN POR HABITANTE Euros.
ANDALUCÍA
222’2
2160
656
115
10’3
48’3
ARAGÓN
151’3
1427
16
4
10’6
50’5
ASTURIAS
166’9
1191
16
1
14’0
49’2
CANARIAS
205’9
1710
197
48
12’0
78’3
CANTABRIA
195’2
1545
55
4
12’6
53’4
CATALUÑA
181’4
1795
215
87
10’1
68’3
COMUNIDAD VALENCIANA
197’1
1963
280
80
10’0
49’8
GALICIA
169’6
1408
110
15
12’0
50’4
MADRID
212’2
2006
181
28
10’6
55’8
NAVARRA
142’9
1417
12
2
10’1
47’3
PAIS VASCO
134’1
1295
12
5
10’4
66’1
LA RIOJA
119’7
1046
4
4
11’4
64’5

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