Dos funcionarios llevan meses trabajando para filtrar los documentos susceptibles de destruir La cantidad de archivos acumulados en las sedes crea serios problemas de espacio
Las sedes judiciales de Cádiz están abarrotadas de expedientes. Las estanterías no soportan un solo papel más y en muchos de las oficinas judiciales se aprovechan pasillos, escaleras e incluso cuartos de baño para almacenar las cajas con una cantidad incontable de archivos. La falta de espacio llega hasta el punto de que hay locales alquilados por la Junta de Andalucía con el fin exclusivo de amontonar papel que no cabe en los Juzgados. Es el caso de San Fernando, por ejemplo, donde no saben ya qué hacer con los próximos expedientes.
Para solucionar este problema se ha creado la Junta de Expurgo, un órgano administrativo encargado de eliminar documentación. Las cifras de los archivos con los que se está trabajando dan buena cuenta de la magnitud del problema que se intenta solucionar: entre lo que se ha destruido, lo que está pendiente de eliminación y los archivos en los que trabajan ahora los funcionarios encargados del expurgo suman un total de 108.633 expedientes divididos en 2.084 cajas. Para ilustrar tal cantidad, el secretario coordinador provincial de Cádiz, Pedro Campoy, cuenta que si las cajas se pusieran en fila podrían recorrer la distancia que existe entre Cádiz y Villamartín, alrededor de 90 kilómetros sin pisar el suelo si las usásemos a modo de pasarela.
Para solucionar este problema se ha creado la Junta de Expurgo, un órgano administrativo encargado de eliminar documentación. Las cifras de los archivos con los que se está trabajando dan buena cuenta de la magnitud del problema que se intenta solucionar: entre lo que se ha destruido, lo que está pendiente de eliminación y los archivos en los que trabajan ahora los funcionarios encargados del expurgo suman un total de 108.633 expedientes divididos en 2.084 cajas. Para ilustrar tal cantidad, el secretario coordinador provincial de Cádiz, Pedro Campoy, cuenta que si las cajas se pusieran en fila podrían recorrer la distancia que existe entre Cádiz y Villamartín, alrededor de 90 kilómetros sin pisar el suelo si las usásemos a modo de pasarela.
La Junta de Expurgo se está limitando de momento a los expedientes referentes a los juicios de faltas y a las diligencias previas, pero esta labor se puede hacer extensiva a otro tipo de archivos. De momento se han destruido un total de 20.957 expedientes distribuidos en 491 cajas. Se han expurgado ya otras 1.214 cajas que contienen 64.951 expedientes que están pendientes de que la Junta de Expurgo dé su visto bueno para llevarlas hasta una planta de reciclaje.
En cuanto a los juzgados que se están aprovechando de esta liberación de espacio y de papel, la prioridad actual radica en las sedes judiciales de Cádiz y San Fernando, aunque la vocación de este servicio es que se amplíe al resto de partidos judiciales. Sin embargo, con los primeros archivos con los que esta Junta comenzó a trabajar en Cádiz fue con los existentes del Juzgado Comarcal de Arcos y el Juzgado Distrito Arcos, expedientes que datan de las décadas de los sesenta y setenta que se guardaban en el archivo de la Audiencia Provincial de Cádiz.
Se da la circunstancia de que juzgados con solera tienen expedientes desde principios del siglo XX, como es el caso del de San Roque. De hecho, no todos los expedientes terminan destruidos, sino que hay un proceso de selección por el que una parte va a parar al archivo histórico.
La labor de los funcionarios consiste, en coordinación con el funcionario de auxilio de cada órgano judicial, en filtrar todos los expedientes anteriores al año 1998 referentes a juicios por faltas y diligencias previas. Esta labor supone trasvasar los datos a un programa denominado Jara de gestión documental. Cuando los trabajadores de la Administración de Justicia han mecanizado todo el papel, la Junta de Expurgo, centralizada en Sevilla, recoge los datos y autoriza su eliminación. Esta se produce cuando hay una cantidad considerable de cajas esperando su destrucción definitiva. Pero antes de llegar a ese punto, los procesos pasan por un estadio previo que consiste en el anuncio en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía), de tal modo que las personas que quieran recuperar documentación existente en esos expedientes pueden reclamarla en un plazo de dos meses y salvarla así de la quema, puesto que además de valor histórico hay papeles que pueden contener valor personal.
El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cádiz y el de Menores, también de la capital, ya se han liberado de una buena parte de sus expedientes. En el primero de ellos se han destruido casos fechados desde 1945, apareciendo como órganos productores los Juzgados Municipales de San Antonio y Santa Cruz, división que existía por aquel entonces.
La misma suerte han corrido los papeles expurgados ya en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, aunque en el caso de estos están aún a la espera de llevarlos a reciclar. En la actualidad se trabaja con los documentos del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cádiz. La previsión es continuar el trabajo con todos los juzgados de Instrucción y Primera Instancia que aloja el edificio Los Balbos de la Plaza de San José. Dicha sede judicial necesita con urgencia la liberación de espacio, puesto que algunos de los archivos se encuentran en el sótano de la infraestructura que se encuentra apuntalada, en concreto parte de los de Primera Instancia número 1 e Instrucción, 4. La intención es trasladar dichos archivos al espacio que vaya quedando libre gracias al expurgo, de modo que pueda clausurarse esa zona del edificio.
El siguiente partido judicial que se verá beneficiado por la labor de los funcionarios de refuerzo será el de San Fernando. Pero probablemente no tengan que esperar hasta que se concluya el trabajo en las sedes gaditanas, sino que se trasladarán parte de los archivos a los bajos de la Audiencia Provincial de Cádiz. En las estanterías de esta dependencia se pueden albergar hasta 6.000 cajas.
La Junta de Expurgo nace gracias a la voluntad política de solucionar un problema de espacio y de dinero, ambos en estrecha relación. La coordinación entre los secretarios judiciales dependientes del Ministerio de Justicia y la Administración autonómica, cuya competencia es prestacional relacionada con medios personales y materiales, han hecho posible este proceso de limpieza y reciclaje de papel, a la que hay que sumar la colaboración del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Pero este proceso que comenzó el año pasado no ha hecho nada más que arrancar teniendo en cuenta la magnitud de la tarea. En un principio se subcontrató a una empresa, una archivera. El 22 de enero de 2013 se nombró a los dos funcionarios de refuerzo de la bolsa de Justicia a los que se formó y el ritmo ha crecido considerablemente. Actualmente tienen contrato hasta el 30 de septiembre y está previsto que se les vuelva a prorrogar -cada prórroga es de cuatro meses-. Están trabajando en la biblioteca del edificio de Los Balbos, en Cádiz, aunque está solicitado un espacio exclusivo para esta tarea.
El secretario coordinador provincial, Pedro Campoy, tiene claro el objetivo, aunque hace falta más dinero. Cada juzgado debe tener los expedientes de los últimos 5 ó 6 años, mientras que el resto debería estar centralizado en un archivo provincial. En el caso de Cádiz, por sus particularidades, dividido en tres núcleos: Cádiz, Jerez y Campo de Gibraltar. El programa Jara no gestionaría solo el proceso de expurgo sino el envío y solicitud de expedientes a los diferentes juzgados que los requiriesen. La Audiencia Provincial de Cádiz puede albergar una parte de ese archivo y el Palacio de los Marzales de Algeciras podría ser la infraestructura campogibraltareña.
En cuanto a los juzgados que se están aprovechando de esta liberación de espacio y de papel, la prioridad actual radica en las sedes judiciales de Cádiz y San Fernando, aunque la vocación de este servicio es que se amplíe al resto de partidos judiciales. Sin embargo, con los primeros archivos con los que esta Junta comenzó a trabajar en Cádiz fue con los existentes del Juzgado Comarcal de Arcos y el Juzgado Distrito Arcos, expedientes que datan de las décadas de los sesenta y setenta que se guardaban en el archivo de la Audiencia Provincial de Cádiz.
Se da la circunstancia de que juzgados con solera tienen expedientes desde principios del siglo XX, como es el caso del de San Roque. De hecho, no todos los expedientes terminan destruidos, sino que hay un proceso de selección por el que una parte va a parar al archivo histórico.
La labor de los funcionarios consiste, en coordinación con el funcionario de auxilio de cada órgano judicial, en filtrar todos los expedientes anteriores al año 1998 referentes a juicios por faltas y diligencias previas. Esta labor supone trasvasar los datos a un programa denominado Jara de gestión documental. Cuando los trabajadores de la Administración de Justicia han mecanizado todo el papel, la Junta de Expurgo, centralizada en Sevilla, recoge los datos y autoriza su eliminación. Esta se produce cuando hay una cantidad considerable de cajas esperando su destrucción definitiva. Pero antes de llegar a ese punto, los procesos pasan por un estadio previo que consiste en el anuncio en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía), de tal modo que las personas que quieran recuperar documentación existente en esos expedientes pueden reclamarla en un plazo de dos meses y salvarla así de la quema, puesto que además de valor histórico hay papeles que pueden contener valor personal.
El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cádiz y el de Menores, también de la capital, ya se han liberado de una buena parte de sus expedientes. En el primero de ellos se han destruido casos fechados desde 1945, apareciendo como órganos productores los Juzgados Municipales de San Antonio y Santa Cruz, división que existía por aquel entonces.
La misma suerte han corrido los papeles expurgados ya en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, aunque en el caso de estos están aún a la espera de llevarlos a reciclar. En la actualidad se trabaja con los documentos del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cádiz. La previsión es continuar el trabajo con todos los juzgados de Instrucción y Primera Instancia que aloja el edificio Los Balbos de la Plaza de San José. Dicha sede judicial necesita con urgencia la liberación de espacio, puesto que algunos de los archivos se encuentran en el sótano de la infraestructura que se encuentra apuntalada, en concreto parte de los de Primera Instancia número 1 e Instrucción, 4. La intención es trasladar dichos archivos al espacio que vaya quedando libre gracias al expurgo, de modo que pueda clausurarse esa zona del edificio.
El siguiente partido judicial que se verá beneficiado por la labor de los funcionarios de refuerzo será el de San Fernando. Pero probablemente no tengan que esperar hasta que se concluya el trabajo en las sedes gaditanas, sino que se trasladarán parte de los archivos a los bajos de la Audiencia Provincial de Cádiz. En las estanterías de esta dependencia se pueden albergar hasta 6.000 cajas.
La Junta de Expurgo nace gracias a la voluntad política de solucionar un problema de espacio y de dinero, ambos en estrecha relación. La coordinación entre los secretarios judiciales dependientes del Ministerio de Justicia y la Administración autonómica, cuya competencia es prestacional relacionada con medios personales y materiales, han hecho posible este proceso de limpieza y reciclaje de papel, a la que hay que sumar la colaboración del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Pero este proceso que comenzó el año pasado no ha hecho nada más que arrancar teniendo en cuenta la magnitud de la tarea. En un principio se subcontrató a una empresa, una archivera. El 22 de enero de 2013 se nombró a los dos funcionarios de refuerzo de la bolsa de Justicia a los que se formó y el ritmo ha crecido considerablemente. Actualmente tienen contrato hasta el 30 de septiembre y está previsto que se les vuelva a prorrogar -cada prórroga es de cuatro meses-. Están trabajando en la biblioteca del edificio de Los Balbos, en Cádiz, aunque está solicitado un espacio exclusivo para esta tarea.
El secretario coordinador provincial, Pedro Campoy, tiene claro el objetivo, aunque hace falta más dinero. Cada juzgado debe tener los expedientes de los últimos 5 ó 6 años, mientras que el resto debería estar centralizado en un archivo provincial. En el caso de Cádiz, por sus particularidades, dividido en tres núcleos: Cádiz, Jerez y Campo de Gibraltar. El programa Jara no gestionaría solo el proceso de expurgo sino el envío y solicitud de expedientes a los diferentes juzgados que los requiriesen. La Audiencia Provincial de Cádiz puede albergar una parte de ese archivo y el Palacio de los Marzales de Algeciras podría ser la infraestructura campogibraltareña.
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