Tal y como se acordó en
la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada
el pasado 25 de febrero, las comunidades autónomas beneficiarias del
crédito se comprometen a destinar la cantidad percibida, entre otros
proyectos, al impulso de las nuevas tecnologías que permitan avanzar
hacia una Justicia digital, abierta e innovadora.
Entre los objetivos
prioritarios de esta dotación económica se encuentran la digitalización
de los procesos de tramitación y gestión procesal, la conexión digital
de las oficinas judiciales, el papel cero en los juzgados y tribunales y
la implementación de la Oficina Judicial y Fiscal en todo el territorio
nacional.
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