La Policía tendrá 72 horas para descubrir la autoría del delito; si no lo consigue, tendrá que cerrarlo
El Gobierno quiere agilizar los tiempos
de respuesta de la Justicia liberando a los jueces de instrucción del
trámite de las denuncias o atestados policiales sin autor conocido, que
representa cerca de un millón (un cuarenta por ciento) de los 2,4
millones de archivos provisionales acordados en la jurisdicción penal.
De esta forma, y según ha podido saber ABC, el Ministerio de Justicia pretende reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para
que estos atestados, sobre los que hoy un juez tiene que abrir
diligencias penales para, en la mayoría de los casos inmediatamente
después archivarlas, no tengan que pasar ya por el juzgado. Para
garantizar el control judicial esos atestados serán conservados por la
Policía Judicial a disposición de jueces y fiscales, informaron fuentes
del Departamento que dirige Rafael Catalá.
A la vez, y precisamente para evitar
investigaciones autónomas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, no se permitirá que las pesquisas para averiguar
la autoría del delito duren más de 72 horas desde la apertura del
atestado. Es decir, si transcurrido este tiempo no aparece ninguna
pista, la Policía tendrá que cerrar el caso. Aunque será la propia ley
la que tendrá que matizarlo, esta descarga de trabajo está pensada para
delitos menos graves, como robos de móviles o carteras en autobuses o
aglomeraciones, circunstancias en las que encontrar al autor del delito
es una tarea prácticamente imposible. La filosofía de esta reforma,
señalan las fuentes citadas, es que el trabajo diario de los jueces «se
concentre en actividades más provechosas» y mejorar así los tiempos de
respuesta judicial.
Límites a la instrucción
Con este propósito el ministro quiere abordar con carácter inmediato una reforma procesal que será menos ambiciosa que la de su predecesor(que
entregaba la instrucción de las causas a los fiscales en vez de la juez
de instrucción), pero que precisamente por abordar cuestiones de
agilización procesal, es más fácil que cuente con consenso para
aprobarla en el Congreso antes de que acabe la legislatura.
Así, otra medida de calado que Catalá
quiere abordar de forma inmediata es la que se refiere a los
macroprocesos que se alargan años sin que parezca que llegue el momento
del juicio, lo que genera desconfianza en el ciudadano hacia la
Administración de Justicia, especialmente si se trata de delitos de
corrupción. Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del
Congreso en octubre,Catalá ya anunció que quería evitar que la
acumulación de piezas dentro del mismo caso impida juzgar de forma
autonóma determinados hechosy se mostró partidario de limitar el periodo
de instrucción de las causas penales (el borrador de Gallardón hablaba
de tres a seis meses), aunque esta circunstancia dependerá de las
particularidades del procedimiento en cuestión.
Conducción y alcohol
También supondrá una novedad de la
reforma de la LECr el procedimiento para enjuiciar los delitos de
conducción en estado de embriaguez, infracciones que representan el 50
por ciento de las condenas dictadas por los Tribunales. La modificación
se ceñiría a los casos de multas y privación del permiso de conducción:
es decir, el del ciudadano que es sorprendido en un control de
alcoholemia y da positivo. Días después, recibirá en su domicilio una
propuesta de acusación que le remitirá por correo el fiscal, con una
sensible rebaja de pena si acepta la acusación. Si la respuesta es
positiva, tendrá que devolver el escrito firmado.
Después recibirá en su casa la
sentencia condenatoria. Por el contrario, si no está de acuerdo con la
propuesta del fiscal, el procedimiento será el mismo que ahora: el
infractor irá a juicio.
FUENTE: ABC, lunes 24 de noviembre de 2014.
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