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Artículo de Esther Clavero. La sociedad se va conformado de forma moralmente
muy criticable. Conforme a lo previsto por la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
administración de Justicia y delInstituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses (BOE21/11/2012) con un único
afán recaudatorio, rompe con el art. 24 de la CE que
proclamada la igualdad de oportunidades al derecho a la justicia . A partir de
ahora y de acuerdo con el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero(BOE
23/02/2013) la justicia tiene precio, y distingue entre rentas. Con esta medida
la derecha española hace viva las declaraciones de Platón según
el cual “la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte”.
La derecha sigue
actuando y abriendo camino a las injusticias sociales, rompiendo el equilibrio
y profundizando en las diferencias entre los grupos sociales. Cada día nos
despertamos con un nuevo recorte o una privatización que añadir al largo
listado; o con un nuevo caso de corrupción: o una corrupción más que añadir a
algún imputado. Confío en que la ciudadanía que confiando en que un nuevo gobierno
traería a la sociedad española mayor prosperidad se dé cuenta de las grandes
golpes que nuestro sistema público está padeciendo en todos sus ámbitos.
El gobierno está cada
día más optimista; pero la impresión de la ciudadanía no es tan entusiasta; la
vulnerabilidad, la miseria y la exclusión social aumentan cada día; el
Eurogrupo nos pide que trabajemos más, que cobremos menos y que nos jubilemos a
los 70 años Las perspectivas no son muy halagüeñas para los que viven de un
salario en descenso: perdiendo capacidad adquisitiva.
Hasta ahora, nos
quedaba la justicia, no olvidemos que también es un servicio público, como la
sanidad o la educación, y a ella hemos recurrido cuando hemos visto avasallados
nuestros derechos, que cada vez son menos, pero aún nos quedaba esa baza; pero
hace poco más de un año se acabó la justicia única para todos los ciudadanos. Y
Sólo quienes le han puesto precio a la justicia y la han convertido en un
derecho inaccesible para muchos, defienden este sinsentido.
Hoy hay dos justicias:
la de los pudientes que pueden contratar a los gabinetes de abogados más
prestigiosos sin temor a pagar unos cuantos miles de euros, y la de quienes no
acuden a ella por no poder afrontar las nuevas tasas.
El gobierno del PP,
con uno de sus ministros estrella a la cabeza, Ruiz Gallardón, pone
en escena las llamadas “tasas judiciales”, su excusa, la Administración de
Justicia está saturada y hay que disuadir a la ciudadanía al acceso a los
tribunales, pero a qué ciudadanos se refiere el señor ministro, a qué
ciudadanos quiere disuadir con esta medida. El señor Gallardón, en su maldad o
en su ignorancia, no ha caído en la cuenta de que somos el país que menos
jueces por habitante tiene de Europa, y que un servicio
público como es la justicia debe ser sufragado por los impuestos generales.
La Constitución a la que tanto se apela para muchas otras
cosas, se está incumpliendo sistemáticamente en materias de derechos: trabajo,
vivienda, sanidad, educación, y ahora justicia.
En el país que sufre
las mayores desigualdades de Europa, no se le ha ocurrido al gobierno del PP
otra cosa que introducir una más. ¿Ésta es la justicia del PP?, ¿éste es el
modelo que se quiere implantar?. Parece un empeño del PP que cada día se
profundice más en las desigualdades sociales. Esto se ha convertido en una
obviedad.
Sabíamos que el PP
estaba por hacer recortes en el gasto público sin importarle que España se
convierta en un país de “beneficencia”, pero nos sorprenden cada día y nos
hacen temblar cada viernes cuando la portavoz del Gobierno, después del Consejo
de Ministros, nos anuncia a quién le toca esta vez pagar penitencia con un
nuevo recorte.
El ministro Gallardón
quiere darle un buen bocado a derechos adquiridos con anterioridad: justicia y
aborto. ¿Qué estará pasando por las cabezas de los ministros del gobierno?,
recortes, recortes, y más recortes, pero siempre para los mismos. Curiosamente,
de los 75.000 M€ de fraude fiscal, que si se recaudaran resolverían bastantes
de los problemas que padecen los ciudadanos, el gobierno ha renunciado a
recuperarlos, Esperemos que otra “amnistía fiscal” no sirva para blanquear el
ennegrecido dinero de unos cuantos a los que los recortes no afectan. Apaguen
el televisor los viernes o mediten su voto en las próximas elecciones.
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