Casi
un millar de funcionarios del Estado han pedido compatibilizar su puesto en la
Administración con otra actividad, privada o pública, entre principios de año y
el pasado 13 de octubre, acogiéndose así a la posibilidad abierta el pasado mes
de marzo por un juzgado barcelonés, que dio la razón a un agente de la Guardia
Urbana que quería compatibilizar su salario con un trabajo como abogado.
Así lo reconoce el Gobierno en una respuesta
al senador socialista Domingo Fuentes Curbelo, quien a través de una pregunta
parlamentaria se interesó por conocer el número de empleados públicos que han
solicitado una compatibilidad con otro empleo dados "los limitados sueldos
y los recortes" que han sufrido en los últimos años.
En su texto, al que ha
tenido acceso Europa Press, el Gobierno cifra en 968 los casos de este tipo que
han tenido lugar entre el 1 de enero y el 13 de octubre. En concreto, 734
funcionarios pertenecientes a todos los ministerios han presentado solicitud de
compatibilidad, 523 de ellos para actividades privadas y 211 para actividades
públicas.
Además, se han
registrado otras 234 peticiones, 189 referidas a puestos privados y 45 para una
segunda actividad pública, desde otras instituciones y organismos privados como
el Banco de España, Aena, Adif, Renfe, Salvamento y Seguridad Marítima
(SASEMAR), Autoridades Portuarias, RTVE, la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, Navantia, Correos, Paradores o el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN),
entre otros.
Compensar
recortes salariales
El pasado 19 de marzo, el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 7 de Barcelona falló a favor de un guardia
urbano de la Ciudad Condal que quería compaginar su puesto con una actividad
asalariada como abogado, alegando que dicho trabajador había sufrido una
pérdida de poder adquisitivo en los últimos años que obliga a dar una
interpretación más flexible a la regulación sobre incompatibilidades en el
sector público.
El juez mencionaba
varias sentencias previas dando vía libre a ese tipo de compatibilidades, e
incluso jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) ratificando la posibilidad de
ejercer la abogacía a un guardia civil, un cuerpo en el que las restricciones
son más duras si cabe.
En la sentencia, se
argumentaba que las caídas salariales sufridas por los funcionarios primero con
los ajustes para entrar en el euro y, posteriormente, por la crisis financiera
y económica les han llevado a unos niveles retributivos equivalentes a los de
principios de siglo, e "incompatibles" con el nivel de vida actual.
"Cuando las
retribuciones de los funcionarios son usadas, congeladas y reducidas por los
gobiernos de la Nación como un elemento más de política económica ya no puede
seguir sosteniéndose una aplicación a rajatabla de normas como la Ley de
Incompatibilidades de 1984, porque los presupuestos de los que la misma parte
no existen en la realidad de la actual Función pública española", alegaba
el juez.
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