La
supresión de la paga extra de Navidad provocó la movilización de los empleados
públicos
Cuando
hace dos meses el Tribunal Constitucional de Portugal declaró ilegal la
supresión de la paga extra a sus funcionarios se especuló con que también
en España esa medida, que ha ahorrado 5.200 millones a las arcas públicas,
podría ser tumbada. En parte así ha sido: varios juzgados y tribunales
españoles han emitido en las últimas semanas fallos que obligan a
administraciones regionales a devolver a sus empleados parte de la paga
extra del mes de diciembre de 2012 que el Ejecutivo suprimió.
El
último fallo lo ha emitido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que
reconoce el derecho del personal laboral de la Comunidad a percibir la parte
devengada de esa paga, obligando al Gobierno regional a devolver esas
cantidades. Sentencias idénticas han emitido el Tribunal Superior de Justicia
de la Región de Murcia sobre los empleados autonómicos y el juzgado
contencioso-administrativo número uno de Palencia a favor de los trabajadores
de la Diputación de esa provincia.
Los
jueces coinciden en dar la razón tanto al personal laboral público como a
funcionarios alegando que el real decreto por el cual el Gobierno suprimió el
pasado verano la paga extra de Navidad es una norma «no favorable y restrictiva
de los derechos para el trabajador, por lo que no se puede aplicar con carácter
retroactivo».
Y
es que la clave radica en que la norma entró en vigor el 15 de julio, cuando
los empleados ya habían devengado entre 14 y 44 días de la paga, pues su
derecho de cobro se genera del 1 de junio al 30 de noviembre (funcionarios) y
anualmente en el caso del personal laboral. Los jueces obligan así a devolver
las cuantías a las que ya tenían derecho.
El
Constitucional y sus tiempos, la clave
Ante
los fallos de los juzgados contencioso-administrativos sólo cabe un recurso
ante el Tribunal Supremo, que ayuntamientos, diputaciones y comunidades no
ponen por temor a un fallo del Supremo a favor de los empleados que sentaría
jurisprudencia a nivel nacional.
Fuentes
jurídicas señalan que la clave está ahora en la rapidez con que el
Constitucional se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado
por la Audiencia Nacional y que admitió a trámite. Solo de hacerlo con
celeridad y declarando legal el decreto, como hizo en 2011 con el recorte
salarial aplicado por el Ejecutivo socialista a los funcionarios, evitaría
una oleada de fallos en contra de la norma.
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