Cinco son las líneas estratégicas
del Ministerio de Justicia que, en relación con los procesos judiciales, han
sido anunciadas en estos días de julio por el Titular del Ministerio, aprovechando
su presencia en alguno de sus Cursos de Verano:
• La Instrucción Penal, para los
Fiscales.
• Fomento de la Ejecución de los
Procesos Civiles a través de los Servicios Comunes y de las aplicaciones
informáticas específicas para notificaciones, embargos, averiguación patrimonial....
• Desarrollo del Proceso de
digitalización del Expediente Judicial.
• Promoción de una nueva
Aplicación de Gestión Procesal, común a todo el territorio del Estado, de
acuerdo con las CCAA con competencias en medios materiales de la Admón. de Justicia.
• Digitalización del Registro
Civil.
Nada que objetar, en general, a
cuanto suponga LLEVAR A LA JUSTICIA LOS AVANCES DE LA
TECNOLOGÍA que ya han sido asumidos
por todas aquellas organizaciones que han sabido adaptar sus fórmulas de
gestión a las herramientas que, en definitiva, permiten realizar las tareas que
tienen encomendadas con mayor control, agilidad y eficacia.
SÓLO QUE DICHOS AVANCES HAN DE
SER APLICADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON GARANTÍAS DE CALIDAD, es
decir, no sin haber sido testados previamente de manera suficiente y adecuada;
siempre que hayan superado los debidos controles de buenas prácticas y
funcionamiento; previa la formación necesaria y permanente de sus operadores en
las Oficinas Judiciales y Fiscales; con los debidos parámetros de compatibilidad
en todo el Territorio del Estado; así como con el suficiente grado de inversión
en medios y recursos para que la herramienta sirva de la manera más eficiente
al fin para el que ha sido prevista.
En este sentido, el despliegue
del Expediente Digital dista mucho de ello, habiéndose convertido las más de
las veces este precipitado instrumento en una pesada carga, antes que en una utilidad,
para sus operadores; los funcionarios judiciales(y también para los profesionales
relacionados con la Administración de Justicia). Harían bien el Sr. Catalá y su
equipo en pararse un poco a pensar cómo hacer las cosas con mejor sentido y
suficientes recursos.
SPJ-USO, por otro lado, sí tiene
que objetar, y mucho, la FALTA DE UN AUTÉNTICO PROYECTO DE GOBIERNO EN RELACIÓN
CON LA VIABILIDAD DEL REGISTRO CIVIL COMO SERVICIO ABSOLUTAMENTE PÚBLICO, que
quede en la órbita exclusiva de la Administración de Justicia (de la que en
modo alguno debe salir, reintegrándosele inmediatamente los expedientes de
nacionalidad que acaban de ser extrañados de ella); servido por sus actuales
funcionarios y manteniendo todas sus oficinas, incluidas las de los Juzgados de
Paz, para mejor atender, y de forma gratuita, a la ciudadanía.
Finalmente tampoco está de
acuerdo SPJ-USO con que la Administración de Justicia se sitúe de espaldas a la
independencia que la debe caracterizar, como viene ocurriendo sistemáticamente
bajo el mandato Catalá. Y es que tras resonantes palabras como las de “modernización”
o “eficiencia”..., muchas veces, los gestores públicos no esconden otra cosa
que puros y duros intereses políticos, cuando no, lisa y llanamente privados.
Porque, a ver, contéstennos,
Sras. y Sres. del Gobierno:
¿A quién interesa un Instructor
Penal dependiente en última instancia de una Autoridad designada políticamente
por el Gobierno (el Fiscal General del Estado), que transmite sus decisiones
bajo el principio de dependencia y jerarquía a toda la pirámide de sus
subordinados (los Fiscales a los que se pretende atribuir la Instrucción de
Causas Penales)?
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