El CGPJ plantea un plan de urgencia para hacer frente a las posibles demandas por las cláusulas suelo
La propuesta es especializar en esta materia un Juzgado de Primera
Instancia en cada provincia, evitando así la sobrecarga de trabajo del
resto de los órganos judiciales. La competencia territorial provincial
permitiría dar una respuesta idéntica a todos los ciudadanos, con
independencia de dónde residan
- Autor
- Comunicación Poder Judicial
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha
aprobado hoy una propuesta de plan de urgencia para hacer frente al
previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras
hipotecarias como consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con las cláusulas suelo.
El órgano de gobierno de los jueces entiende que aunque el Real
Decreto-ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en
materia de cláusulas suelo solucionará por vía extrajudicial parte de
los conflictos que se planteen, puede producirse un importante
incremento de demandas derivados de la sentencia del TJUE, que se
unirían a las que ya se tramitan en los Juzgados de Primera Instancia
sobre condiciones generales de la contratación y protección de
consumidores y usuarios.
Un reparto masivo de este tipo de litigios a todos los órganos
judiciales de la primera instancia civil podría llegar a comprometer la
capacidad de éstos para dar salida al resto de los asuntos de otra
naturaleza, por lo que el CGPJ cree necesaria la adopción de medidas con
carácter urgente y anticipándose a la previsible entrada masiva de
demandas, de forma que en el momento del registro y reparto de las
mismas ya estén establecidos los cauces para su atribución a unos
órganos judiciales concretos.
Especialización de Juzgados de Primera Instancia
La solución que contempla el Consejo General del Poder Judicial consiste
en la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada
provincia, con competencia extendida a todo el territorio de la misma,
que de manera exclusiva y no excluyente conozca de la materia relativa a
las acciones individuales previstas en la legislación de condiciones
generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios.
La especialización se haría al amparo del artículo 98.2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, que establece que el CGPJ “podrá acordar de
manera excepcional y por el tiempo que se determine, con informe
favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su
caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, que
uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden
jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias
de asuntos (…)”.
La decisión sobre qué Juzgados serán especializados se tomaría en
estrecha colaboración con los Tribunales Superiores de Justicia –cuyos
presidentes han sido convocados a una reunión el próximo día 15 para
estudiar el plan- y con las Juntas Sectoriales de jueces y magistrados,
para lo que el día 21 se mantendrá otro encuentro con los jueces
decanos. La propuesta es especializar aquellos órganos que se ofrezcan
voluntariamente y, en caso de ausencia de voluntarios o de que haya
varios en la misma provincia, elegir al Juzgado que se encuentre en
mejor situación.
La competencia debe ser exclusiva y no excluyente porque de lo contrario
se daría una respuesta eficaz a los litigios relacionados con las
cláusulas suelo, pero se sobrecargaría al resto de los Juzgados de
Primera Instancia con los asuntos de reparto general de los que quedaran
excluidos los órganos especializados.
Esta es la razón de que la Comisión Permanente haya considerado que la
competencia exclusiva y no excluyente deba ir acompañada de medidas de
refuerzo, adscribiendo al Juzgado especializado uno o varios Jueces de
Adscripción Territorial (JAT) que recibirían formación específica sobre
la materia para reforzar sus conocimientos y garantizar menores tiempos
de respuesta.
Entre las medidas de refuerzo que se plantean también figuran el
nombramiento de letrados de la Administración de Justicia y de
funcionarios por parte de las Administraciones competentes, así como la
asignación de medios materiales.
La competencia territorial, que se extendería a toda la provincia,
permitiría dar una respuesta idéntica en tiempo y contenido a todos los
ciudadanos, con independencia de la localidad en la que residan.
El CGPJ considera que el plan debería ponerse en marcha el próximo 1 de
junio, de modo que los Juzgados especializados puedan asumir las
demandas que se produzcan una vez concluidos los cuatro meses que suman
los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 1/2017 para que las
entidades de crédito adopten las medidas necesarias para dar
cumplimiento a sus previsiones y para que el consumidor y la entidad
lleguen a un acuerdo o se tenga por concluido el procedimiento
extrajudicial.
Mayor seguridad jurídica
El órgano de gobierno de los jueces cree que la adopción de las medidas
contempladas en su propuesta conllevaría una serie de ventajas, ya
demostradas por la experiencia que supuso la especialización de órganos
judiciales en materia de comercialización de productos híbridos
financieros (preferentes).
Así, el plan permitiría contener en el ámbito de los órganos
especializados el problema de la alta litigiosidad como consecuencia de
las demandas que se presenten, evitando que resulten afectados todos los
Juzgados de Primera Instancia. De este modo se garantiza eficacia y
rapidez en la resolución de los asuntos relacionados con las cláusulas
suelo y, a la vez, que los tiempos de respuesta a los litigios de otra
clase no se dilaten.
También se gozaría de una mayor seguridad jurídica, proporcionando
respuestas de fondo unitarias por la existencia de unidad de criterios,
lo que a su vez facilitaría transacciones judiciales y extrajudiciales; y
daría un uso racional a la figura de los JAT, aprovechando su
versatilidad para acomodarse a los cambios sociales, legales o
jurisprudenciales que cada vez tienen un reflejo más rápido en las
cargas de trabajo de los tribunales.
Por último, el CGPJ considera que las medidas propuestas contribuirían a
aumentar la confianza del ciudadano en los tribunales al darle un
servicio específico y eficaz frente a un problema que le acucia.
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| REIVINDICAMOS MAS MEDIOS |
Desde el Sindicato Profesional de Justicia vamos a exigirle, tanto al
CGPJ, Ministerio de Justicia como a las CCAA con competencias
transferidas, que al tiempo que incrementan, para este tipo de
actuaciones, las plantillas de Jueces y Letrados, también deben
INCREMENTAR LAS PLANTILLAS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, de lo contrario las actuaciones de urgencia
anunciadas carecerán de eficacia y nos opondremos rotundamente a que
sean los de siempre los que saquen el trabajo en unas condiciones
laborales muy deficientes y que provocan situaciones de riesgo para la
salud.
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