La Justicia sin papeles
es el gran reto de la Administración de Justicia. Aunque todos los
partidos coinciden en la necesidad de impulsar las nuevas tecnologías en
los juzgados, la medida de imponer su implantación el 1 de enero de
2016 y las incidencias que está sufriendo Lexnet se encuentran en el
centro del debate.
En un encuentro
informativo organizado por Wolters Kluwer y Europa Press en el que
participaron los portavoces de Justicia de los cuatro principales
partidos políticos, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quiso
aclarar que Lexnet no es un objetivo en sí mismo, sino una herramienta y
recordó que se habla mucho de ello y no tanto del expediente judicial,
que también está en marcha y ya se está implantando en algunos órganos
judiciales.
“Había que ponerle fecha
porque ya estaba bien”, dijo en defensa de la medida adoptada por el
Ministerio, para a continuación añadir que “cualquier cambio de cultura
implica un proceso de adaptación muy complejo”.
Por su parte, el portavoz
socialista Juan Carlos Campo señaló que el uso generalizado de Lexnet
no es más que un eslabón y que ha sido empleado como “una cuestión
puramente propagandística”. A lo que añadió que los profesionales se
encuentran totalmente abrumados. “Lexnet es una pieza necesaria, pero
hay que hacerlo bien”, afirmó.
La portavoz de Podemos,
Victoria Rosell, destacó que “lo que nadie entiende es que a partir del 1
de enero de 2016 todos los procedimientos tuvieran que ir por esa vía
cuando no estaban los órganos judiciales preparados para ello”. Rosell
llegó a poner sobre la mesa, incluso, los efectos que puede tener en
materia de protección de datos y protección de la privacidad de
terceros, en caso de que un abogado reciba información por error en un
procedimiento. Y añadió que le “preocupa” que toda la información esté
en manos del Ministerio de Justicia “porque son datos especialmente
sensibles”.
Sobre esta cuestión, el
portavoz de Ciudadanos, José Manuel Villegas, dijo que es necesario
“dedicar también recursos para la implantación del sistema, no sólo una
fecha en el BOE”. Además, criticó las dificultades de coordinación entre
juzgados y entre comunidades autónomas, con sistemas informáticos
diferentes.
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