Dicho precepto reforma la Ley 1/2012, de 21 de febrero (LA LEY 3261/2012), de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantía de servicios sociales, en materia de jornada de trabajo, y la Ley 10/2014, de 18 de diciembre (LA LEY 20243/2014), de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015, en materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a las Cortes y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes, según ha informado el Constitucional en nota de prensa.
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