Almeria 24h. 16.1.14
El Sindicato Profesional de
Justicia (SPJ-USO), segunda fuerza sindical en la Administración de Justicia de
Andalucía, valora de forma muy negativa la reciente aprobación por parte de la
Junta de Andalucía del nuevo Decreto de Organización y Estructura de la Nueva
Oficina Judicial y Fiscal en nuestra Comunidad.
Los motivos de ello son los siguientes:
- No se ha contado con el 80 % de los trabajadores que prestan sus servicios en la Administración de Justicia de Andalucía, pues no ha habido negociación de ningún tipo, sino imposición de un Decreto que afecta de forma grave y directa a las condiciones laborales de los trabajadores. La petición reiterada que hemos hecho desde SPJ-USO para que este decreto se negocie ha sido desoída por la Consejería de Justicia.
- No hay una apuesta seria y decidida por mejorar la oficina judicial y fiscal en Andalucía, lo que se demuestra por la falta de inversión presupuestada al pretenderse la implantación del nuevo modelo de oficina en un plazo de más de veinte años.
- No se han acometido planes ni medidas para eliminar el atraso y poner al día los Juzgados donde se pretende realizar la experiencia piloto de la nueva oficina judicial y fiscal, concretamente en las localidades de Vélez-Málaga, el Ejido y en la Fiscalía de Sevilla. Mal puede empezar un nuevo modelo que nace ya lastrado por el colapso que arrastra.
- Con esta medida lo que pretende es enmascarar y dar cobertura legal a los recortes que últimamente se están produciendo y que se avecinan con más intensidad en el futuro, tanto en materia de personal (al no cubrirse las vacantes y bajas por enfermedad que se producen y al cesarse progresivamente los refuerzos existentes en la actualidad) como en medios materiales (nula inversión en renovación de equipos informáticos obsoletos o averiados y en la actualización de programas informáticos, recortes en el suministro de material, etc.)
- Para SPJ-USO un aventura como la que ahora plantea la Consejería de Justicia, sin el respaldo económico adecuado y sin el consenso con la representación de los trabajadores, es un mero brindis al sol que no solucionará la situación de la Administración de Justicia en Andalucía, la más colapsada de España, sino todo lo contrario y postergará, una vez más, esta solución para el futuro.
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