Los sindicatos han sido determinantes en los Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos financiados con dinero de la Junta de Andalucía, según la jueza Alaya, quien ha cifrado en 4,2 millones de euros las sobrecomisiones ilegales, procedentes de Vitalia, que gestionó los ERE junto a la firma Uniter.
Las centrales sindicales cobraron entre el 0,5 y el 1 por ciento de cada ERE mediante sus agencias de corretaje de seguros Atlantis Asesores y Temiqui. Sin embargo, los dirigentes de UGT y CCOO han negado cualquier relación con las aseguradoras implicadas en la gestión de las pólizas de prejubilación de los expedientes presuntamente irregulares. El líder de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, ha dicho que su sindicato no ha cobrado ni legal, ni ilegalmente, ninguna cantidad que se aproxime a la cifra que revela la jueza.
Según el Grupo de Delitos Económicos de la UCO, los inculpados podrían haber blanqueado más de cincuenta millones de euros. Los investigadores han encontrado en los registros de sus viviendas material informático y efectivo. En concreto, 82.000 euros en la casa de Juan Lanzas en Albanchez de Mágina (Jaén), el exsindicalista de UGT que actuaba como conseguidor.
Alaya pone especial énfasis en el pago a los sindicatos, que supuestamente cobraban un porcentaje de la prima de cada póliza en la que intervenían, aunque no hubiesen efectuado trabajo alguno, justificando dicho cobro de forma tan surrealista como "la toma de datos".
La juez mantiene que los sindicatos justificaban el cobro de esas grandes sumas de dinero, por la información privilegiada que facilitaban a la mediadora sobre empresas en crisis que pudiera derivar en la suscripción de una póliza, añadiendo que las sobrecomisiones supondrían asimismo una contraprestación a la consultora por haber accedido a la inclusión de intrusos.
Según la instructora, Guerrero recibió por parte de los inculpados Antonio Albarracín, Juan Lanzas Fernández y José González Mata, dádivas o presentes para no celebrar licitación pública en la designación de las consultoras en los procesos de reestructuración empresarial, y permitiría, tanto a Vitalia como a Uniter por su gestión de las pólizas de rentas, unas comisiones superiores en un 15 por ciento al precio de mercado y que soportaría en su mayor parte la Junta. Es el caso del expediente Delphi en el que Uniter cobró sobrecomisiones de 7 millones de euros, o como las de Vitalia en el expediente de Comercial Alimentaria Dhul de 1.452.467 euros o los 1.424.251 euros del ERE de Europa Center. El Economista.es
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