El Gobierno del PP convierte la Justicia en un mercado
Comunicado de ATTAC España.
Hasta ahora los problemas de la Justicia no han interesado a la mayoría de los ciudadanos, quizá porque muchos no han sido usuarios de la justicia y creen que nunca van a serlo. Sin embargo en una sociedad compleja y conflictiva como la nuestra cualquiera de nosotros podría tener que recurrir a ella. Una Justicia independiente y eficaz es la mayor garantía que tenemos para la defensa de nuestros derechos y también frente a la arbitrariedad del poder.
Esta falta de implicación ciudadana es lo que está permitiendo al Ministro Alberto Ruiz-Gallardón y al gobierno del PP convertir la Justicia en un mercado, un negocio más que transferir al ámbito de lo privado, sin protestas visibles a excepción de las procedentes de operadores jurídicos.
Bajo las engañosas excusas habituales del liberalismo neocons (eficacia, necesidad de desatascar los juzgados) estamos asistiendo al desmantelamiento del servicio público que es la Administración de Justicia, hasta ahora universal y gratuito para los ciudadanos.
El ataque más brutal al derecho de los ciudadanos de acceder a los tribunales se ha producido con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se instaura un régimen generalizado de tasas por el acceso a los tribunales de los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, del cual sólo se exceptúa a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita. Con la matización de que el Gobierno también se propone reformar la ley reguladora de la justicia gratuita y restringir su ámbito: el anteproyecto suprime el derecho a la justicia gratuita en el orden social de todos los trabajadores con independencia de sus ingresos, sustituye el módulo del salario mínimo interprofesional por el IPREM y obliga a pagar el 20% de las tasas judiciales en los recursos, entre otras cosas. A ello se unen los cada vez más restrictivos criterios de concesión que día a día observamos en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. O sea, cada vez menos ciudadanos se benefician de este derecho.
Con la excusa de que la Justicia está saturada (dejaría de estarlo si tuviéramos un número de jueces por cien mil habitantes equiparable a la media de la Unión Europea) y de que hay que disuadir a los ciudadanos de utilizarla, se estructura un sistema que crea una justicia dicotómica, una justicia para ricos que pueden pagarla y una justicia para ciudadanos carentes de recursos. Y con la cuantía desproporcionada de las tasas, los ciudadanos carentes de recursos van a ser también los de las clases medias.
Pero no es el único ataque. A lo largo de este año 2012 no han cesado las propuestas mercantilizadoras de la Justicia. Si en febrero el Ministro anunciaba la asignación de los divorcios de mutuo acuerdo a los notarios, en junio asistimos al lanzamiento del llamado “Plan Intensivo de Tramitación” de expedientes de nacionalidad por residencia, por el cual el Ministerio de Justicia firmó un convenio de gestión con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España para que sean los registradores quienes se encarguen de la tramitación de dichos expedientes.
Esto resultó ser sólo un avance de lo que el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, que unifica los Registros Civil, Mercantil, de la Propiedad, de Bienes Muebles, de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento, de Fundaciones de ámbito estatal y el Registro de Actos de Última Voluntad, prevé de modo generalizado, esto es, que la llevanza de todos ellos la tengan los registradores de la propiedad y mercantiles, bajo parámetros de rendimiento económico (sufragarán los costes de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo sus honorarios, mediante la aplicación de aranceles por la realización de trámites que ahora realizan los jueces del Registro Civil y son gratuitos para los ciudadanos) y desde una perspectiva patrimonial (con la Ley Hipotecaria como legislación supletoria).
El Anteproyecto significa la desaparición de los Registros Civiles tal y como los conocemos: llevados por un juez, con todas las garantías, y de modo gratuito para el ciudadano. El Registro en adelante será un negocio que se repartirá entre registradores de la propiedad y mercantiles y notarios.
Por ejemplo, serán los notarios los que celebren los matrimonios, así que quien quiera casarse deberá pagar a un notario la tramitación del expediente y el otorgamiento de la escritura pública de matrimonio; y luego tendrá que volver a pagar a los registradores sus aranceles para poder inscribir el matrimonio en el Registro. Igualmente, en los expedientes de nacionalidad por residencia el juramento o promesa de fidelidad a la Constitución y renuncia a la nacionalidad anterior ahora se tendrán que hacer ante notario. Todo este tipo de trámites, que además en su mayoría son obligatorios para los ciudadanos (inscripciones de nacimiento, de defunción, tutelas, etc.) hasta ahora se realizaban por los juzgados con funciones de Registro Civil de forma gratuita. Con la agravante de que el Anteproyecto amplía los actos inscribibles en el Registro como los relativos al domicilio (con importantes consecuencias a efectos de notificaciones) o las representaciones y apoderamientos de personas físicas, entre otros.
Y si surge una discrepancia, los recursos en vez de tramitarse inicialmente ante la Dirección General de Registros y del Notariado (vía administrativa gratuita), pasarán a sustanciarse en vía judicial, esto es, con sujeción al sistema de tasas.
Se habla además de otros proyectos que suponen la privatización de servicios como las notificaciones, ejecuciones de sentencia, o embargos.
En síntesis, ATTAC ESPAÑA DENUNCIA LA MERCANTILIZACIÓN DE LA JUSTICIA, Y EXIGE:
1. La supresión de las tasas instauradas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, probablemente inconstitucional por la cuantía de sus tasas que impide u obstaculiza gravemente a la mayoría de los ciudadanos el acceso a los tribunales de justicia garantizado como derecho fundamental por el artículo 24 de la Constitución.
2. La gratuidad de la Administración de Justicia, salvo para las grandes empresas que son las que provocan el 60% de la actividad judicial civil.
3. La llevanza de los Registros Civil, Mercantil, de la Propiedad, de Bienes Muebles, de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento, de Fundaciones de ámbito estatal y el Registro de Actos de Última Voluntad por funcionarios públicos, sometidos al mismo régimen jurídico que los restantes funcionarios de la Administración.
4. La gratuidad de todas las actuaciones del Registro Civil.
5. Que se mantenga el módulo del doble del salario mínimo interprofesional para el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita y que no se modifique el ámbito personal de aplicación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, los requisitos para el reconocimiento del derecho y su contenido material, de manera que no se restrinja la extensión actual del derecho a la asistencia jurídica gratuita
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